Una narrativa se levanta con fuerza desde los juzgados: jueces y fiscales acusan a la prensa de interferir en la justicia. Un mensaje interpretado como esfuerzo de censura y además con el ánimo de infundir temor a la prensa. Un hecho llamó la atención el martes cuando la jueza de primera instancia penal de Xela, Carmen Acú, negó arresto domiciliar a Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango. Entre otros, mencionó el siguiente argumento:
“…Se litiga mediante los recursos legales, no mediante publicaciones, insinuaciones en contra del aparato judicial. Es por ello de que existen peligro de fuga y a la obstaculización a la averiguación de la verdad”.
#Urgente📍 jueza Carmen Acú señaló a la prensa de «tergiversar la verdad» y a defensa de litigar mediante publicaciones en contra del aparato de justicia. En Guatemala estos procesos son públicos y la prensa puede publicitarlos libremente 📢 #NoNosCallarán@RELE_CIDH @CPJAmericas pic.twitter.com/ADq2iIxw3c
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) April 12, 2023
El juez de sentencia penal Carlos Ruano, en riesgo de perder su inmunidad, por haber denunciado a la magistrada Blanca Stalling, cuestiona a sus pares por las acciones contra la prensa:
“Se supone que el proceso penal guatemaltecos ha avanzado a un sistema democrático, en donde hemos dejado atrás un proceso inquisitivo y no se puede vedar la publicidad de los casos; si regresamos a los procesos secretos o con limitación a garantías y derechos constitucionales, estamos llegando a un momento grave de la justicia. El proceso penal en Guatemala es público, salvo en casos especiales en donde se decrete la reserva, pero son excepcionales”.
Javier Monterroso, exsecretario del MP, considera que muchas veces por la complejidad de los casos, la prensa no cubfre a la totalidad de las partes y eso se percibe como sesgo; además, cree que los operadores de justicia sienten presión cuando existe mediatización.
“Ahora esto ya es un grado de casi criminalización, no solo de los periodistas sino de cualquier persona que expresa en un tuit su desacuerdo con las sentencias judiciales”.
Justo en la audiencia contra Laparra, la fiscal Judith Villagrán llevó ante la jueza una contabilidad de tuits:
Entre anteayer y hoy hay en Twitter, más de 30 publicaciones que dan apoyo a Virginia Laparra, por estar injustamente aprehendida, según las páginas de medios de comunicación. Para la audiencia del 1 de abril, hubo más de 50 publicaciones. De una u otra forma advierte la posible manipulación que puede haber”.
Y el exjuez Lesther Castellanos, denunciante de Laparra acuñó: “Si bien es cierto ella no es la que tuitea, pero las personas la perjudican porque mienten y eso es influir y obstaculizar”.
Pero actos similares se han repetido en los últimos meses; por ejemplo, en marzo 2020, la jueza de Mayor Riesgo María Eugenia Castellanos señaló misoginia desde los medios de comunicación:
“…provocando odio y desprecio y sentimientos de rechazo hacia mi persona por la mala información y tergiversación de la verdad…se han dedicado a fastidiarme la existencia”.
#AHORA | La jueza María Eugenia Castellanos del Tribunal de Mayor Riesgo B rechaza la recusación y señala a la Feci del @MPguatemala y a la prensa de «fastidiarme la existencia con actos misóginos». | pic.twitter.com/MDvVSAl3Fn
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 16, 2020
En la misma línea actuó en febrero de este año la fiscal del Ministerio Público (MP) Cinthia Monterroso, quien calificó las publicaciones de prensa como generadoras de odio y pidió al juez Jimi Bremer, investigar a periodistas en el caso contra José Rubén Zamora, director de ElPeriódico y Bremer accedió. Ese día la Monterroso argumentó:
“Amparados en la libertad de emisión del pensamiento artículo 35, pero en ninguna parte les exime que puedan obstaculizar un proceso penal… y qué dice este artículo: “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, pero muy distinto es criticar a un funcionario que a un funcionario de administración de justicia… ¡es muy distinto!
Evelyn Blanck, coordinadora del Centro Civitas, una organización que brinda apoyo a periodistas:
Hay una estrategia dirigida a silenciar a los medios y favorecer los intereses de perpetuar la impunidad. Hay patrones que se repiten y uno de estos es alejar a la prensa de estos juicios donde se pretende criminalizar a operadores de justicia y defensores de derechos humanos y el argumento es que la prensa viene a litigar.
Civitas estima que hay al menos una docena de periodistas que han debido salir del país desde 2021; además de tres docenas de jueces y fiscales.