Un anillo de diferencias, enemistades, quejas, procesos administrativos contra su personal, fiscales y sujetos procesados rodea a Érica Aifán en sus 5 años como jueza de Mayor Riesgo. Aifán es una abogada de 46 años, destacada por Estados Unidos por su papel en la lucha contra la corrupción e impunidad, pero que se siente incómoda, desprotegida y coartada en su propio país.
En la denuncia presentada ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos la jueza denuncia la amenaza a su independencia judicial con procesos judiciales y administrativos en curso. En febrero de 2019 apuntó a estos aspectos en su informe “Jueces en Mayor Riesgo, amenazas a la independencia judicial en Guatemala”.
En febrero de 2019, juristas que integran el grupo Jueces por la Integridad denunció amenazas a su integridad que con la llegada de un nuevo jefe de seguridad al Organismo Judicial. Los embates no pararon, en julio de este año Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos, advirtió que la seguridad de la jueza Aifán estaba en riesgo por algunas acciones y denuncias en su contra.
Común en América Latina
José Ugaz, jurista peruano, profesor de en derecho penal y expresidente de la organización Transparencia Internacional, señala que este tipo de casos son comunes en América Latina:
Lamentablemente la existencia de gobiernos corruptos o dictatoriales hace que fiscales o magistrados se vean en situaciones como la que confronta la jueza Aifán y como pasó con Juan Francisco Sandoval. Vemos lo que está haciendo Bukele con la Corte de El Salvador, las amenazas de Bolsonaro contra el Tribunal de Brasil que ha dicho que va a descartar cualquier orden que venga del sistema, lo mismo ocurren en Nicaragua y Venezuela.
Ugaz señala que si el Estado de Guatemala se niega a acatar las medidas dictadas, el Estado puede ser sancionado y tener repercusiones económicas y políticas para el país. Él cree que la CIDH no demorará en emitir una resolución para que se refuercen las medidas ya otorgadas en 2019:
Estoy seguro que las medidas cautelares que vendrán apuntarán a que se le dote de recursos necesarios, cese la hostilización, se le permita trabajar con autonomía. El pedido de garantía de independencia tiene que ver con todo el contexto que debe rodear a un magistrado judicial para que puede cumplir satisfactoriamente con su misión.
Mario Sikavizza, vocero del Organismo Judicial, remite las consultas sobre los requerimientos administrativos y de seguridad de Aifán a la Oficina de Acceso a la Información y envía un video difundido en las redes sociales de la institución:
Quien debe brindarle seguridad es el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación, sin embargo el OJ ha puesto a sus disposición: cinco agentes de seguridad, una agente en el área de trabajo y un piloto por turno, cuenta con un vehículo blindado y el nivel donde trabaja tiene un circuito de cámaras.
ConCriterio consultó a Pablo Castillo, vocero del Ministerio de Gobernación, y aunque dijo que respondería a las preguntas no contestó.
Seguridad integral
Carlos Ruano, juez de mayor riesgo:
Su denuncia no es solo la seguridad personal sino integral, ella denuncia hostigamiento, criminalización, falta de apoyo y eso no tiene que ver con agentes de seguridad o un vehículo blindado.
Aifán acumula 150 denuncias administrativas y penales, la juzgadora señala que desde 2018 ha hecho al menos 10 requerimientos a la CSJ para que atiendan sus demandas que van más allá de la seguridad:
Ellos dicen cumplir con todo, pero no dan cumplimiento a los estándares internacionales para la independencia judicial entonces alguien debe analizar el caso para garantizar mi seguridad y la funcionalidad del juzgado y el Estado de derecho.
La jueza Aifán conoce casos como Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas 2020 en los cuales altos funcionarios, jueces, magistrados y empresarios enfrentan cargos por corrupción.