Siete años debieron pasar para que La Línea, el caso de defraudación aduanera que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, llegara a juicio; el debate se inició en enero, pero en las mega sala de audiencias del Organismo Judicial (OJ), hay dudas: ¿cuál es el futuro del debate?

ConCriterio escribió y llamó a Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pero no respondió. Se solicitó una entrevista a través de la unidad de comunicación del Ministerio Público (MP) pero tampoco hubo respuesta al cierre de la nota. En una entrevista con el medio digital República, Curruchiche, se refirió a que exfuncionarios de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no ha ratificado sus informes ante el tribunal:

“Analistas técnicos no han comparecido al debate, no han ratificado esos informes y eso es preocupante porque cuando el Tribunal de Sentencia, valore esos informes tendrá que tomar una decisión. Yo no quisiera pensar lo que podría acontecer si estas personas no los ratifican, serían consecuencias catastróficas para el debate”.

Según Curruchiche, los técnicos que no han comparecido son los colombianos: José Octavio Robles Reyes y Joaquín Mauricio Avella Guaqueta.

Miguel Ángel Gálvez, el juez de Mayor Riesgo, encargado del caso La Línea en la fase intermedia, opina que las incomparecencias son resultado de la pérdida de confianza en el sistema de justicia guatemalteco:

La gente ya no tiene mucha confianza en lo que se está haciendo, me da la impresión que por eso se han negado. Y otro problema que se da es que se han cambiado mucho a los fiscales y no conocen los procesos.

La carpeta judicial está integrada por más de 30 mil folios, 50 mil interceptaciones telefónicas; así mismo, 1 mil 516 Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAS), que según la investigación fueron alteradas por la red, y otros 322 medios de prueba; con los cuales se deberá demostrar culpabilidad de 30 acusados en este caso, incluido el exbinomio presidencial.

César Calderón, defensor del expresidente Pérez Molina, contrario a lo dicho por Curruchiche, sobre la incomparecencia de los exfuncionarios de CICIG, señala:

“No sé si va a afectar o no, porque la prueba ya estaba realizada; lo cierto es hubiera sido diferente si estuviera la CICIG y todos estuvieran de acuerdo aquí para venir a declarar; ahora que todos están en su país, corren riesgo de contradecirse o contraponerse a otras declaraciones”.

Calderón, dice que los exfuncionarios de la misión internación no tienen consecuencias, pero no descartan pedir que se revoquen medidas de protección contra testigos, en caso de hallar inconsistencias en las declaraciones:

Los testigos que adquirieron protección quedan expuestos, porque si un abogado descubre que hay una mentira y antes de la sentencia pide que se certifique lo conducente, estos pueden ir a parar otra vez a la cárcel.

El 20 de junio por videoconferencia está citado a declarar Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, y testigo en los procesos judiciales contra el exbionomio presidencial cuando se convirtió en colaborador eficaz en las investigaciones. El juez Gálvez, comenta:

“Esa declaración es muy importante es parte de la declaración de Salvador González, que es parte de muchas que ya tienen prueba anticipada”

Y sobre la comparecencia de Monzón, el abogado de Pérez Molina, agrega:

Anteriormente no declaró, pero ahora va a ratificar lo que entregó por escrito. Y va ser interrogado por las partes y si hay mentiras y controversias, no dudo que se pida que se retire el beneficio; si estuviera la CICIG, no se podría pedir, pero ya no hay quién lo proteja.

De acuerdo con las investigaciones en el caso La Línea, la red provocó que el Estado dejara de percibir Q2 millones cada semana entre mayo 2014 y abril 2015.