Aunque los embates del Ministerio Público (MP) contra el proceso electoral apuntan por segunda vez hacia los ciudadanos voluntarios que administran los votos de la población, los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no tienen miedo. Saben que la labor que realizan es por el país. Javier Mejicanos, analista de créditos y miembro de una JRV en el Centro de Votación Ala Sur, Parque Central:

En lo personal me siento tranquilo sabiendo de que en mi mesa fue un trabajo honorable, transparente y social. Bien ejecutado, viendo los parámetros y la política del Tribunal Supremo Electoral. 

Esa es su respuesta un día después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los nombres, cargos y lugar donde pueden ser citados los 122 mil  integrantes de JRV por municipio y departamento.

A pesar de recibir un pago de Q425 por su labor el día de las elecciones, los integrantes de las JRV reiterán que lo hacen para defender la democracia. 

La participación de la ciudadanía en el proceso electoral ha existido desde que Guatemala se encarriló hacia la democracia en pleno conflicto armado. Fue en 1982 cuando el Consejo de Estado creó el decreto 30-83, el cual dio vida a las elecciones que hoy conocemos. Esa ley estableció el rol de miles de guatemaltecos que el día de votaciones, resguardan la democracia. 

Así lo recuerda Raquel Zelaya, quien integró dicho Consejo de Estado como representante de la Asociación Guatemalteca de mujeres:

Queríamos que no hubiese una estructura de Tribunal Electoral en el cual los funcionarios, los partidos y el partido de gobierno influyeran como ocurría antes. Entonces ahí se ve que el mecanismo de que la ciudadanía instalada en Juntas Receptoras de Votos recibieran los votos, los contaran, los certificaran, obviamente había que validarlos por la institución electoral. Pero en esencia, los antecedentes eran los que le repito: que el instituto electoral estuviera alejado de esas tres influencias directas, ahí está el peso de la ciudadanía. 

 Zelaya está inquieta con las acciones del MP contra las JRV:

Es muy alarmante que se estén pidiendo estas informaciones totalmente fuera de contexto. Porque si bien el Tribunal Supremo Electoral no es del todo supremo porque la Corte Constitucional en diversas ocasiones ha ampliado, corregido, o disminuido sus decisiones, jamás había sido un asunto de investigación, incluso penal. Entonces esto se sale totalmente de los antecedentes. 

En otros países, dice Zelaya, confían plenamente en los ciudadanos. Un ejemplo es Panamá, añade,donde luego de que las JRV cuentan los votos, las papeletas se queman, como muestra de esa confianza. 

En Argentina, la población también está a cargo del proceso electoral. Diego Meloni, periodista de Radio Nacional Argentina:

El sistema funciona de una manera, el Estado convoca a ciudadanos y ciudadanas para ser los presidentes de mesa. De hecho, se hace un curso y el Estado paga por ser autoridad de mesa. 

Así como en Argentina y Panamá, Costa Rica, Ecuador, y en los países latinoamericanos, con excepción de El Salvador, la población gestiona los votos; la diferencia es que en estos países nunca se ha investigado la labor de los ciudadanos, como el MP lo hace ahora en Guatemala.