Mientras Nicaragua destierra a 222 presos políticos, Guatemala avanza en la persecución contra actores incómodos para la alianza gobernante. El miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó que el diputado opositor Aldo Dávila debe ser investigado por una de medio centenar de denuncias que hay en su contra. La queja aceptada está presentada por Raúl Romero, exministro de Desarrollo Social, quien escandalizó cuando se filtró una fotografía suya con tres mujeres desnudas. Romero señala a Dávila de difamación por compartir en redes sociales esa fotografía, pero el diputado piensa más allá.
(No sé si quieren bloquear mi participación política, pero lo que más les preocupa son los millones de guatemaltecos que ven mis publicaciones y mi mediación: les irrita; han llegado a ver mis redes hasta 4 millones y eso no les gusta.
#Escandalo Funcionario @raulromerosegt titular de @midesgt, diputado 2015-2019 promotor de iniciativa «Ley para la Protección para la Vida y la Familia» que limita acceso a la educación sexual integral, fue fotografiado rodeado de mujeres desnudas.
Via @AEU_OliverioCDL pic.twitter.com/P8QAzdGPIY
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) May 30, 2021
Dávila, aunque participa con el partido VOS, dice que no sabe aún si se postulará. Aunque está consciente que su camino puede ser similar al de Jordán Rodas, exprocurador de Derechos Humanos, “claro que van usar cualquier pretexto para impugnar mi participación, pero no me volveré loco si no participo”.
El diputado considera que la resolución del miércoles obedece a su reciente fiscalización a la Corte Suprema:
Les dolió que hiciera pública la licitación de las 13 camionetas blindadas que quieren comprar y que nos saldrá carísimo a los guatemaltecos. Y también el aumento de Q32 mil que se dieron los magistrados.
Raúl Romero, exministro de Desarrollo y Aldo Dávila, diputado de oposición.
El presidente Alejandro Giammattei también ha presentado dos denuncias contra el diputado. Una de estas por injuria y difamación porque según Giammattei, Dávila ha hecho comentarios sobre las supuestas preferencias sexuales del mandatario.
La CSJ tampoco olvida al juez Carlos Ruano, a quien tramita el antejuicio por grabar Blanca Stalling, magistrada a quien el junio del año pasado le fue clausurado el caso denunciado por Ruano. En la grabación Stalling pidió al juez no perjudicar a su hijo, vinculado a un proceso de corrupción. Ruano hace una referencia con el caso del periodista José Rubén Zamora:
La “fundaterror” tiene dos caras: a la grabación de Ronald García Navarijo, ellos le dan plena validez ante el juez; y la que yo hice de la reunión a la que me citó Blanca Stalling dicen que es ilegal.
El juez Ruano aún mantiene su inmunidad, pero el solo hecho de que haya tramitado la solicitud de retiro le hace pensar: es un acto de venganza por la denuncia que presenté contra la magistrada Blanca Stalling; pero los jueces tenemos el deber ético y legal de denunciar cuando un superior atente contra la independencia judicial.
Blanca Stalling, magistrada de la CSJ y juez Carlos Ruano.
Andy Javalois, consultor jurídico y catedrático universitario, trae a la memoria el caso del diputado de Prosperidad Ciudadana Jorge García Silva, señalado de desviar Q30 millones para sus empresas y a quienla CSJ, hasta la cuarta vez, dio trámite al antejuicio, sin que hasta ahora se permita investigar al diputado:
Como que si fuera un sastre: es un traje a la medida de quien necesita impunidad; y por el contrario, si es amigo del sistema cleptócrata, se utiliza todo en contra de estas personas.
El abogado Javalois acuña sus comentarios con lo sucedido ayer en Nicaragua, cuando el régimen de Daniel Ortega desterró a los presos políticos y los envió hacia Estados Unidos.
Llama la atención que ellos estén haciendo lo contrario de lo que aquí está pasando, porque el caso del juez Ruano es como el último episodio en el podcast de esta venganza que se ha planteado. Pero lo que no se dan cuenta estos cleptócratas, es que están mandando un mal mensaje a la comunidad internacional, a los inversores extranjeros, que nos pueden dar una oportunidad de desarrollo.
De Guatemala han debido salir al exilio al menos dos docenas de fiscales y jueces. Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, cumple un año en prisión este mes, condenada por denunciar a un juez. Sumado a eso, se le abrió un nuevo proceso por supuesta revelación de información con lo que su estancia en prisión es incierta. Igual caso vive el periodista José Rubén Zamora, que también enfrenta dos procesos por supuesto chantaje y lavado de dinero y por conspirar para obstruir la justicia.