El Congreso de la República se prepara para legislar la creación de un procedimiento de aceptación de cargos en el Código Penal, lo cual beneficiaría a sindicados que confiesan su delito a reducir su condena, desde el 30 e incluso el 50 por ciento, según el momento cuando ocurra la aceptación.

El mecanismo, según expertos, es clave para reducir la mora judicial, descongestionar  las cárceles y además reparar a las víctimas.

La iniciativa de ley irá al pleno del Congreso este martes y miércoles en su primera y segunda lectura, pero hay una condición tajante de los diputados: no quieren una ley de sapos.

“Con el deber de declarar se está creando casi la figura de un colaborador eficaz, (…) no puede ser un beneficio condicionado a que tenga que delatar a más personas”.  Esa es una de las controversias encontradas en la iniciativa de ley presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así lo dijo el diputado, Manuel Conde Orellana, quien preside la Comisión Extraordinaria que evaluó el documento identificado con el numeral 5311.

En total el documento contiene  6 puntos que la Comisión recomienda enmendar.

• Los delitos excluidos es controversial. Ahora solo se excluye los de lesa humanidad, con lo cual los procesados que comentan cualquier otro ilícito pudieran beneficiarse, pero se propone:  Incorporar también delitos donde la víctima sea niño o niña, adolescente; delitos contra libertad e indemnidad sexual, trata de personas, delito de extorsión y excluir los delitos en los cuales las leyes especiales restringe este tipo de beneficios.
• Los beneficios; como está redactado el documento se establecen reducciones de pena desde la tercera hasta quinta parte dependiendo del momento procesal que acepte los hechos –en la primera declaración o apertura a juicio-. Los Congresistas buscan reducciones más atractivas: Los beneficios de las penas deben ser elevados, la CSJ ha propuesto 40 al 50 por ciento, incluso estimamos que para los primeras dos etapas puede ser del 50 por ciento.
• La reparación digna no debe ser un mecanismo de sanción creen los diputados: Que se prevea una condición objetiva frente a los delitos para determinarla, tanto en monto y tiempo; que cumpla con estándares de una reparación integral.
• Además se propone que el trámite para solicitar el procedimiento se realice en las primeras dos audiencias y que el recurso de apelación asista a todos los sujetos procesales y no esté limitado solo al acusado.
• Además los diputados no quieren que el procesado se convierta en delator.

Enrique Álvarez integrante de la Comisión extraordinaria cree que la discusión debe centrarse en el análisis de los delitos que debe acoger la ley para el beneficio del procesado:

 A pesar de que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que no normó que no tiene que ser excluido ningún delito, pero no hay jurisprudencia porque solo es una resolución, entonces a delitos de violencia sexual y lesa humanidad no se les debe aplicar.

Claudia Hernández, Directora de la Fundación Sobrevivientes dijo que una ley de este tipo no tiene sentido si no hay colaboración por parte de los procesados:

Pero que tampoco eso condicione a que reciba «el mínimo del mínimo del mínimo», porque  cometió delito, lo hizo consciente y  perjudicó a más personas entonces tiene que recibir una sanción. Además, debe colaborar para que la cadena de manando de su estructura también reciba castigo y no caiga todo el peso de la ley solo sobre uno. 

Leonel Lira, diputado de Encuentro Por Guatemala dijo:  actualmente están todos los delitos y esperaría que hubiera una diferenciación en cuanto a los delitos contra la vida e indemnidad sexual, si eso  permite que se logre resolver más casos  y desarticular estructuras, hay que analizarlo pero tienen que tener un tratamiento diferente.

El congresista Lira agregó que el objetivo de la ley es garantizar los derechos fundamentales de las personas:

 Cuando se habla de una ley de aceptación de cargo piensan que lo que queremos es aprobar una ley que va a beneficiar a nuestros colegas o quienes han estado en la función pública, pero lo que se necesita es agilizar el sistema.

Para el análisis de la iniciativa la Comisión extraordinaria escuchó a distintos sectores de la sociedad civil, universidades, y del sector justicia. La iniciativa será conocida este martes y miércoles  en  su primera y segunda lectura e, luego de eso plantearán las enmiendas necesarias con las recomendaciones de los distintos sectores.