Guatemala enfrenta un periodo de cooptación del Estado en su versión 2.0. Las estructuras de corrupción expuestas en 2015 por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), han resurgido con fuerza y luchan para no perder los privilegios y los beneficios económicos que obtienen de las instituciones públicas. Personajes como Gustavo Alejos, un empresario y operador político vinculado a cinco juicios por corrupción, exprimen el erario nacional desde hace dos décadas.
En 2021, El Reino Unido y Estados Unidos, sancionaron a Alejos, por interferir en el proceso de elección de jueces y magistrados. Fue incluido en la lista Magnitsky, lo que le impide hacer operaciones bancarias en la Unión American, la medida, según la declaración del Departamento del Tesoro afecta a Alejos. * Pero mientras Alejos recibe sanciones internacionales, la justicia guatemalteca lo perdona y él y su familia siguen enriqueciéndose. A través de una red de empresas recientemente creadas han obtenido contratos del Estado, por Q2.6 millardos, según publicó la semana pasada el medio digital EP Investiga.
El gobierno en solitario, busca medidas para frenar que estos grupos continúen saqueando al país y una de las ruta es procurar que se aclare quiénes son los beneficiarios finales en las empresas que contratan con el Estado. Santiago Palomo, Comisionado Presidencial Contra la Corrupción, anuncia que están por aprobar reformas al reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado: “Para poder establecer requisitos para que los beneficiarios finales sean enlistados, que cumpla no solo con las obligaciones del Estado, sino que fortalezca el proceso de transparentar las contrataciones”.
Palomo dijo que con las modificaciones al reglamento esperan tener avances, aunque posteriormente trabajarán en una iniciativa de ley con el mismo fin. Los temas prioritarios para recuperar la institucionalidad, según el comisionado están dirigidos a Comunicaciones, Educación y Salud: Transparentar los registros de medicamentos que han sido un foco de corrupción.
Gustavo Alejos, ofrece al Estado un catálogo amplio de productos: desde medicina, gradas eléctricas, construcciones y extintores; con empresas a su nombre o de terceros. Además, tienen tentáculos en la elección de jueces, al igual que el exdiputado Armando Escribá, como reportó la semana pasada ConCriterio y buscan influir para seleccionar al nuevo poder judicial orientado el voto de abogados en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y otras instituciones. Quizá en su lista estén Abelina Cruz, la jueza que patrocina la fiesta de los liberados, en la que se suma Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón o José Luis Benito. En el que el aguafiestas es Julio Saavedra, Procurador General de la Nación (PGN), que contrario a la anterior administración se opone a los beneficios que estos obtienen del sistema de justicia:
Esos son los mecanismos con los que podemos ir asegurándonos que las cosas estén regresando a los principios jurídicos. Nos merecemos transparencia, instituciones que estén lideradas por personas que aspiren a la justicia. La institucionalidad se recupera con funcionarios que hagan lo que correspondan: impugnar resoluciones que garantizan impunidad a corruptos.
Aníbal García, exdiputado, cree que el gobierno va en la dirección que la población desea -lucha contra la corrupción-
“Pero para eso necesita la institucionalidad, que en ese momento no camina en esa dirección y no es favorable para esos vientos de cambio y sin ellos esto no es posible ¿entonces qué tiene que hacer? Con sus acciones en lo que le toca dirigir, tiene que legitimarse y su mayor aliado es el pueblo y los tiene que hacer sentir que les responde; en la medida que eso suceda, la propia población va generar una fuerza que va a hacer entender a ciertos actores que los cambios profundos son impostergables.
Cree que la ruta del cambio es la reforma política: si queremos sentar las bases para que no volvamos al pasado, es impostergable que haya una reforma política: cambios a la Constitución, Electorales, elección de Cortes; es una refundación.
Por ahora el gobierno tiene congelado el apoyo político en el Congreso; la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, caminan al mismo ritmo y parecen no dar tregua a las acciones de la administración del presidente Bernardo Arévalo.
*Esta nota fue modificada el 30 de mayo para excluir la mención que se hacía a la esposa e hijos respecto a su afectación directa de la sanción Magnisky. La sanción emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no incluye ni a Beatriz Janza ni a sus hijos de apellidos Alejos Janza. Ofrecemos disculpas por este error.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0147