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La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), busca el beneplácito de la Corte de Constitucionalidad (CC), para evitar que la Contraloría General de Cuenta (CGC), audite su presupuesto de Q55. 3 millones. El máximo órgano constitucional deberá confirmar o rechazar en los próximos días la sentencia en favor de la CNEE que el 05 de febrero de este año emitió la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, en calidad de Tribunal de Amparo, que dio por válido que esta entidad no sea auditada por el órgano contralor de cuentas, sino por uno externo.
En 2023 el entonces secretario de la CNEE, Mauricio Rolando Estrada Mendía, presentó el amparo para evitar la fiscalización, con un mandato de la Procuraduría General de la Nación (PGN), de la administración del expresidente Alejandro Giammattei. Pero el actual representante de la PGN, Manolo Orlando Guarcaj, expuso la semana pasada en una vista pública con los magistrados de la CC, que el Tribunal de Primera Instancia, incurrió en contradicción de preceptos legales al amparar a la entidad:
Porque no puede aplicar un artículo reglamentario, en este caso el 33 del reglamento de la Ley General de Electricidad, sobre el artículo 232 de la Constitución. Al tratarse de una fiscalización de un ente estatal, esta representación considera que debe aplicarse la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (CGC), a quien corresponde esta función.
La CNEE es el ente regulador del sector eléctrico, entre sus funciones tiene el cálculo y fijación de las tarifas eléctricas. Para este reportaje ConCriterio solicitó por dos días entrevistas con directivos de la Comisión, pero la respuesta fue que no atenderían; a través de la oficina de comunicación se limitaron a decir que la institución no recibe fondos públicos.
La Ley General Electricidad establece que los ingresos de la Comisión provendrán de aplicar una tasa a las ventas mensuales de electricidad de cada empresa eléctrica de distribución: todas las compañías distribuidoras pagarán mensualmente a disposición inmediata de la Comisión 0.3% del total de la energía eléctrica distribuida en el mes correspondiente, multiplicado por el precio del kilovatio hora de la tarifa residencial de la ciudad de Guatemala. Además, la norma agrega que “la Comisión dispondrá de sus ingresos, con las limitaciones que impone esta ley y la Constitución Política de la República…”
Este reportero trató de ubicar a Jorge Alvárez, gerente del Mercado Mayorista, pero no fue posible. Un empresario de este gremio que declinó hablar al micrófono comparte que la entidad no debe ser auditada. En la audiencia pública, Plinio Dardón, abogado auxiliar de la Contraloría rechazó la sentencia de la Sala Sexta:
En ningún momento se manifestó sobre la función constitucional que le compete a CGC, tampoco hizo mención al artículo 237 de la Constitución, que en su último párrafo establece: “los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos, están obligados a publicar anualmente el origen y aplicación de los mismos debidamente auditados por la CGC, sin embargo, la Sala Sexta no realizó dicho análisis y vulneró el principio de supremacía constitucional.
También destacó:
En la misma sentencia apelada hay un voto razonado por un magistrado que señaló que la CNEE, al ser un órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y ser representado por la PGN, es parte del Estado y se atiene a las normas públicas, por lo que debe ser auditado por la Contraloría General de Cuentas.
Maritza Castillo López, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, avala que la CNEE, no sea fiscalizada por la Contraloría, según la fiscal porque los juzgadores realizaron las consultas a las instituciones entre estas el Ministerio de Finanzas de la gestión Giammattei: “Esta representación comparte dicho fallo, por cuando la Sala, no solo se basó en normativa específica, sino con base a estos documentos, con lo que llegó a la conclusión de que la entidad no debía de ser auditado”.
El directorio actual de la CNEE está integrado por: el presidente Luis Ortiz, expareja de Leyla Lemus, magistrada de la CC, y los directivos, Claudia Peláez y Luis Guillermo Araúz. Estos puestos son nombrados por el Ejecutivo, de ternas enviadas por las Universidades Privadas, Agentes del Mercado Mayorista y Ministerio de Energía. En un punto más la Comisión demuestra su falta de transparencia: tiene ocultas las planillas y salarios de sus trabajadores, lo cual viola la ley de acceso a la información. Se limita publicar rangos de salarios que en el caso de los directores los establece entre Q77 mil 130, más Q500 de gastos de representación y Q300 de bonificación.
