El 21 de enero 2019 una bomba explotó en un bus de la ruta 32 mientras recorría la colonia Quinta Samayoa de la zona 7. La explosión hirió a siete personas incluida la mujer que lanzó la granada: Mirna Elizabeth Juárez Argueta, llamada “La Rancherita”, una joven de 32 años, originaria de Quetzaltenango.
Aquel día, el paquete que ella llevaba para dañar a otros explotó en su cuerpo. Aunque los médicos lograron salvarla, debieron amputarle los brazos. Un Tribunal de Sentencia la condenó a 50 años, un fallo que Édgar Rolando Meléndez Soto, defensor público, apeló ante la Corte Suprema de Justicia:
El tribunal dictó la sentencia por asesinato en grado de tentativa (por cada persona herida), pero la defensa considera que el delito debe ser asesinato en forma continuada y no por cada acción realizada.
Y explica:
Si vamos al antecedente del delito: la persona ingresa al bus, le entrega la bolsa al piloto, él reacciona, le da una patada, ella cae al suelo sobre la bolsa y la granada explota. Es decir, la acción lesiona a varias personas, pero iba dirigida a una sola.
“La Rancherita” se casó en la capital, tiene dos hijos menores de edad y residió en la Quinta Samayoa. La mujer está ahora recluida en la cárcel Santa Teresa. Porque está sin brazos, la defensa solicitó a la directora del penal un área asilada para ella. En ese lugar Juárez encontró una aliada:
Una interna presta su colaboración para atender a Mirna: alimentación e higiene de sus heridas.
Desde acá, las cosas empezaron a cambiar para ella, otra prisionera se convirtió en sus brazos para alcanzar objetos y realizar las tareas más básicas de su vida. Sus heridas sanaron y un juez autorizó que recibiera terapias en el hospital de Jalapa, pues solo ahí ofrecieron la atención que necesitaba.
Habían pasado ocho meses desde la amputación desde sus brazos cuando hubo una esperanza:
Hubo una Jornada de donación de prótesis, se logró que Mirna recibiera los implantes.
Su cuerpo rechazó los implantes, cuenta Andrea Barrios, directora del Colectivo Artesana, una organización que atiende mujeres en las prisiones. Barrios dice que se busca de una nueva donación, pero La Rancherita ha sabido llevar la nueva vida:
Afortunadamente ha desarrollado una destreza importante, se vale por sí misma, aprendió a escribir con los muñones y su boca. Es admirable el deseo de superación que tiene y ha habido ofrecimientos de prótesis, pero lleva un proceso de autorizaciones para que pueda asistir a centros asistenciales privados.
Barrios critica que, pese a que normas internacionales y sentencias de la Corte Interamericana, en el país no hay condiciones para atender a quienes padecen enfermedades en los reclusorios, que de acuerdo con la Oficina de Prevención de la Tortura suman 432 reclusos en estas condiciones.
Aunque existe ya una sentencia de 50 años hay ciertas preguntas sin resolver, ¿Estaba Mirna involucrada con pandillas? ¿Recibió dinero por poner la bomba en aquel bus? o ¿por qué lo hizo? Su abogado responde:
Eso era lo que el MP tenía que haber determinado, pero no se presentaron comunicaciones previas, ni análisis de teléfono. Había un joven que al él le dieron seguimientos previos por la motocicleta, pero no se dijo que Mirna tuviera algún tipo de comunicación, premeditación o planificación. Lo único que se determinó fue: ella estaba en el momento, aborda el bus, la lanza al piloto y ella cae encima del artefacto.
El MP publicó respondió que el juzgador no entró a conocer si Mirna estaba involucrada en pandillas, sino solo la acción de llevar el explosivo. Aunque el MP sostiene que la mujer sí formaba parte de un grupo de “imitadores de pandillas” y esto se logró determinar a través de una triangulación de llamadas que involucró a un prisionero.