El título de esta columna es insoportablemente clasista. Pero expresa bien la percepción que existe en las Alturas respecto a la principal amenaza del momento.  Y del futuro, para temor y rabia de quienes han ayudado a constituirse al sólido poder político actual.

Así lo llama un acucioso analista de la realidad guatemalteca: “Se rebelan los Brayans”. O lo que es lo mismo, “la criada ha salido respondona”.

Brayan (del inglés ‘Brian’) es el nombre propio importado de Estados Unidos, tan popular en los barrios obreros de Guatemala, que constituye una forma de caracterizar la aspiración de alguien que proviene de un origen económico y social modesto. Arribistas o trepadores. Así se percibe a buena parte de los políticos guatemaltecos, sin fortuna hasta echar mano de los negocios con fondos públicos, o al funcionariado del Estado, por muy alto que se encumbre en las Cortes.

El sólo uso del término procura ya desconocer el esfuerzo de políticos y profesionales por gozar de movilidad social. Claro que ellos no ayudan mucho cuando, como en el caso de algunos magistrados o de la Fiscal General, echan mano de triquiñuelas para agenciarse de títulos de posgrado que les facilite la competencia para alcanzar sus cargos.

El asunto es que los Brayans se han sublevado. Y se sublevan contra quienes tienen dinero viejo.

Lo mismo en el Tribunal Supremo Electoral que en la Corte de Constitucionalidad desdeñan las pretenciones del poder económico y lo desafían frontalmente. Vea lo que ocurre en el caso del Comité Olímpico Guatemalteco. Los políticos en el poder (de origen Brayan en su mayoría) están dispuestos a sustraer al país del movimiento olímpico internacional con tal de echar mano del presupuesto del Deporte. Para lograrlo pasan encima de la planilla preferida por la burguesía nacional.

Cuentan con un equipo de abogados que, dirigidos por quien se conoce todas las mañas, presenta recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad o lo que se ofrezca para que luego las cortes amigas resuelvan a favor suyo y obtengan sus objetivos.

Lo mismo impunidad que negocios públicos. O incluso, prolongarse en el poder más del 14 a las 14 de enero del 2024.

Para frenar la acción de un Ministerio Público amenazante, empoderado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, el establishment guatemalteco, compuesto por los representantes de las mayores fortunas del país y los políticos con acceso a fondos públicos, coincidieron en un exitoso esfuerzo por cobrar control de las instituciones.

Cortes, Ministerio Público, Contraloría, Procurador de Derechos Humanos y Tribunal Supremo Electoral, no sólo fueron puestos bajo el control de la alianza gobernante sino que además, han purgado y perseguido a los cargos que antes apoyaron la campaña contra la impunidad y la corrupción.

Los aliados obtuvieron sus beneficios. Cesó la amenaza contra políticos y empresarios. Pero ahora los políticos, engolosinados con el ágil enriquecimiento y la impunidad garantizadas,  ya no se quieren ir del poder.

Quienes encabezan el G8 o los principales grupos económicos del país, ven con temor que van rumbo a dejar fuera a Zury Ríos, candidata del gran capital para favorecer a alguien que represente mejor a uno de los Brayans.

Zury no es considerada con abolengo alguno, pero resulta más dócil y llevadera que un voluble Alejandro Giammattei o por lo menos, algo menos insoportable de lo que este ha sido. Y una de las condiciones del éxito del modelo actual es que el gobernante sólo dure cuatro años. Poder efímero para los Brayans, que ahora se empeñan en prolongarlo.