El miércoles 7 de agosto aumentaron considerablemente los riesgos de Consuelo Porras de que en el Congreso se integre una mayoría suficiente para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público a pedido del presidente Bernardo Arévalo. Esa es la vía más segura para destituir a la Fiscal General y dejar de vivir bajo la amenaza constante de su oposición política convertida en persecución penal. Es solo relativamente segura, porque la Corte de Constitucionalidad le es leal al régimen que representa la fiscal Porras y bien pueden los magistrados desvirtuar cualquier modificación que los diputados hagan. Pero igual, esa es la única vía que el gobierno ve para alcanzar su objetivo.

La llegada de agentes fiscales al Congreso ese miércoles 7 a demandar información sobre contrataciones de plazas en la actual Legislatura, fue interpretada como una amenaza de Porras y sus patrocinadores, Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, contra la junta directiva. El Presidente del Congreso, Nery Ramos, se ausentó ese día de la sesión de jefes de bloque y esto hizo que el amedrentamiento se viera exitoso.

El Ministerio Público se ha convertido en un arma de guerra. Se persigue a quien no se alinee con el régimen de impunidad para la corrupción o a quien quiera debilitarlo. El equipo de Porras y el expresidente Giammatei entienden que la aprobación de una ampliación presupuestaria abre las puertas para los otros acuerdos que tanto temen: la habilitación a Bernardo Arévalo para destituir a Porras y la reforma a la ley de Criminalidad Organizada para devolver facultades a los diputados electos del partido Semilla.

La intensidad de la lucha provocó que al final del jueves 8 se diera la pelea a golpes entre Alan Rodríguez y Luis Aguirre. Aguirre se ha convertido en un operador político en el Congreso que mantiene diálogo con el presidente Arévalo. La ampliación presupuestaria depende del acuerdo entre diputados que puede alcanzar él. La reforma a la ley orgánica del MP es posible en estos momentos solo si él la opera. Por eso llegó Alan Rodríguez tan alterado a la reunión que terminó en trifulca.

Y la advertencia a Aguirre fue la misma: el Ministerio Público se vendrá en tu contra. Con amenazas de ese tipo, el equipo de Consuelo Porras fue causa de la revocatoria de visa a más de 100 diputados y sus familiares más cercanos al final de 2023. El MP exigió la lealtad de los suyos para desaforar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en un esfuerzo por obstaculizar el traspaso de poder a Bernardo Arévalo y los diputados, rehenes a voluntad, sufrieron las consecuencias.

La noche de ese mismo jueves 8, no pocos cuadros del gobierno, fundadores del partido Semilla, pasaron en ascuas ante la inminencia de una acción del Ministerio Público contra varios de ellos. Ordenes de captura para algunos, solicitud de antejuicio para otros, mediante jueces cómplices de la Fiscalía, por el caso de recolección de firmas para el partido.

Pero no solo diputados, ni solo jueces y magistrados son cautivos del Ministerio Público.

Rehenes suyos también son Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez, ambos líderes de corrientes profesionales en el Colegio de Abogados, que se ven forzados a alinear los votos de sus partidarios en las comisiones de postulación con los intereses de Consuelo Porras y el magistrado constitucional Néster Vásquez. Ambos perciben que desairar a la Fiscal les vuelve a poner en riesgo de regresar a la prisión, de donde salieron tras ser acusados de casos de manipulación de jueces y cortes. Pero a diferencia de los diputados, entre los postuladores rehenes de Consuelo Porras no se ve aún acción alguna para liberarse.

La Fiscal General y sus patrocinadores están dispuestos a tensar hasta el extremo la cuerda. La rebelión de sus rehenes marcha a paso lento, pero marcha.