El presidente Bernardo Arévalo quería evitar que la confrontación entre su gobierno y la Fiscal General se convirtiera en el tema central de la opinión pública. Logró justamente lo contrario. La Presidencia de Arévalo estará marcada por su habilidad o torpeza para librar la batalla central de su periodo. Vencer a quienes se han coaligado y han tomado las instituciones de justicia para garantizarle impunidad a la corrupción y vida eterna a los privilegios.

Sí, la batalla también va por el lado de los privilegios. Un asunto del que se habla menos, pero respecto al cual se ha empezado a actuar desde el Congreso.

La décima Legislatura marcha con agilidad en la ruta trazada por una agenda de relevancia política y económica en el país. Sobre todo, para la clase media.

Ley para frenar los abusos contra usuarios de Tarjetas de Crédito. Ley para defender mejor al consumidor frente a los desmanes de proveedores de bienes y servicios. Ley para informar sin subterfugios sobre el contenido de los alimentos procesados. Ya se prevé una actuación de los diputados para reducir los precios de los medicamentos. Luego, Ley de Competencia y no menos importante todavía, Ley de Aguas. Pero dejemos la Ley de Aguas para después.

Contra todo pronóstico -y para frustración de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad- el grupo parlamentario del Movimiento Semilla ha generado con sus escasos 23 votos una dinámica nueva en el Legislativo. Nery Ramos, del partido Azul, es un aliado indiscutible del gobierno de Arévalo y de Semilla. Él encabeza una junta directiva que no frena las iniciativas de ley que, tras meses e incluso años de encontrarse en las gavetas, hoy consiguen votos suficientes en el Pleno.

Esa serie de iniciativas generan rápidamente la reacción en contrario de grupos del poder económico. Y es natural que así suceda. La Cámara de Alimentos y Bebidas procura disuadir a los diputados de ordenar que se informe explícitamente sobre el contenido de sus productos porque teme una reducción en las ventas. Pero la oscuridad y la falta de datos difícilmente pueden ser vistas como algo beneficioso para el consumidor.

Es previsible que buena parte de la industria alimentaria deba evolucionar para ofrecer productos menos dañinos en su composición y eso a no dudarlo tendrá costo. Es el natural desarrollo de los mercados frente a consumidores mejor informados y concernidos con su salud.

Pero, ¿cómo se logra esta realidad distinta en el Congreso después de largos años de control de los partidos de derecha?

Por un lado, por la unidad interna del partido Semilla.  Solo tiene 23 votos de 160 posibles, pero al mantenerse unidos frente al resquebrajamiento de las bancadas mayoritarias (UNE, Vamos, Valor) su actuación en bloque cobra mayor peso. Las limitaciones que entre el juez Orellana, la fiscal Consuelo Porras y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad le han impuesto a los diputados oficialistas han sido insuficientes para frenar el liderazgo de Samuel Pérez. Los diputados que ayudaron a Semilla a arrancarle el poder a Alan Rodríguez, Álvaro Arzú y Sandra Jovel, dicen carecer de presiones del Ejecutivo y se sienten más libres de actuar.

Luego, había una represa de leyes sin leer ante el Pleno por disposición de los aliados de Alejandro Giammattei. Y hay un buen cúmulo de otros proyectos de ley que estaban en comisiones, en una fase avanzada para obtener dictamen favorable.

Antes, las mayorías legislativas se constituían solo para iniciativas que interesaban a Giammatei, el gran timonel del país, a fuerza de usar los fondos públicos para persuadir a los diputados.

La Ley de Competencia sin duda va a avanzar, pese a que muy probablemente la Corte de Constitucionalidad tratará de sabotearla. Esa iniciativa tiene avances desde la Legislatura anterior y quedan casi solo dos puntos de conflicto gigantescos: las excepciones a sectores específicos (azúcar e, indirectamente, cemento) y el diseño de la entidad supervisora o reguladora.

En un arranque de despecho, quizá hoy se siente malquerida, la Fundación del Terrorismo ha anunciado que no levantará un dedo contra la ley de Competencia y ha advertido al alto empresariado que deberá dar la cara por sus propios intereses. Ya veremos lo de dar la cara, pero por de pronto, el periodista especializado en plataformas digitales y redes sociales, Luis Assardo, ha descubierto un intento nada orgánico de levantar una campaña contra la Ley de Competencia y la ley de Alimentos.  Anónima, por supuesto.

En medio de los vaivenes de la política, el Movimiento Semilla y sus aliados tienen hoy un panorama más positivo por delante para avanzar en su agenda. Combatidos por Consuelo Porras y los magistrados constitucionales, los diputados aliados se esfuerzan por aprobar leyes que afectan intereses económicos de quienes, oh causalidad, se han decantado en la batalla política que marca el momento a favor de la Fiscal General.

Consuelo Porras es impopular. Las causas que ella defiende, son impopulares. Los diputados que se reúnen a concertar con ella son los mismos que apoyaron a ciegas a Giammattei y hoy adversan cualquier ley que suponga cambio y beneficio para el ciudadano promedio.

A lo mejor hasta se logre revertir parte del descrédito del Congreso.