El no al proyecto minero Cerro Blanco se impuso el fin de semana en una consulta comunitaria organizada por la municipalidad de Asunción Mita, Jutiapa, con base al código municipal, pero la legalidad de la misma está en entre dicho, ya que un juez dijo 3 días antes que la misma no procedía.  El de Ambiente no responden sobre el tema y el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado dijo que dicha consulta «carece de fundamento legal»:

Ministerio de Energía y Minas de Guatemala on Twitter: «#GuateCrece | Comunicado de prensa ante la consulta municipal de vecinos referente a la instalación y operación de proyectos de minería metálica en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, llevada a cabo el pasado 18 de septiembre de 2022: pic.twitter.com/oU6yd419Eb / Twitter»

GuateCrece | Comunicado de prensa ante la consulta municipal de vecinos referente a la instalación y operación de proyectos de minería metálica en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, llevada a cabo el pasado 18 de septiembre de 2022: pic.twitter.com/oU6yd419Eb

Julio Luna, director del Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas (Cesem) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), apunta a que estas incertidumbres y conflictos continuarán, toda vez no haya reglas claras para la consulta y operación de estos proyectos.

Debería de uniformarse cómo hacer estas consultas.  Estas deben reglamentarse, no deben ser un sí o un no, sino una forma de manifestar la preocupación por la actividad.  Yo creo que en todos los proyectos mineros debería de consultarse, pero con las reglas claras.

En 2013, el expresidente Otto Pérez Molina, propuso decretar moratoria minera por dos años: “para tener un respaldo legal para no entregar más licencias de explotación de minas, mientras no se da una discusión de la ley, porque hoy tenemos una ley débil”.

La actual norma data de 1997 y en el Congreso de la República, durante la última década, se han presentado al menos 75 iniciativas que buscan actualizar las reglas de la operación minera, incluido el debate sobre regalías, pero pasan las legislaturas y aunque el tema genera tensión en distintas comunidades, no hay interés de los legisladores. El bloque Semilla presentó en marzo una propuesta de cambios, la cual incluye pausar durante 10 años la entrega de licencias de exploración o explotación mientras se trabaja en una nueva ley, pero esta tampoco avanza.

Ivanova Ancheta, exviceministra de Desarrollo Sostenible del MEM durante el gobierno de Pérez Molina, recuerda que los técnicos determinaron que la ley debía equipararse a los estándares internacionales y por lo tanto se propuso no entregar durante 2 años permisos para explotación de recursos:

Guatemala siempre va a tener la interrogante sí la política de fomento de la minería es una opción de desarrollo para nuestro país, eso es un hecho porque tenemos potencial. Todos los gobiernos que lleguen van a tener que preguntarse si van o no a explotar, sabemos que hay mucha oposición y también desconocimiento sobre cómo se debe regular. Muchas de estas empresas sí cotizan en bolsa y sí homologan prácticas internacionales de explotación y cuidado del ambiente.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM), externa preocupación con las propuestas de suspensión provisional de licencias:

No es procedente cuando ya hay inversiones realizadas, porque no puede ser retroactivo: usted no puede invitar a su casa a alguien a cenar y después de que ya cenó desinvitarlo.

La exviceministra Ancheta, aporta: cuando se habla de moratoria no se trata de expropiación ni cancelación de licencias, tampoco cesación de derecho adquiridos. Y en su momento se planteó que se iba a tomar un tiempo para emitir nuevas licencias para en tanto se actualizaba el marco legal para viabilizar la actividad minera.

En 2010, Costa Rica apostó por la moratoria minera y en 2017 lo hizo El Salvador; por su parte Xiomara Castro, presidenta de Honduras, anunció al inicio de su mandato que prohibirá la explotación de minerales a cielo abierto.

Valery Zurita, directora de la Gremial de Recurso Naturales, Minas y Canteras (GRENAT):  poner en pausa las licencias no es la vía, recordemos que para 2050, se va a triplicar la necesidad de minerales y si les ponemos pausa, como país nos vamos a quedar atrás y no vamos a ser un proveedor.

No obstante, considera que sí debe reformase la ley:

La minería ha evolucionado y sí es necesario hacer reformas que nos permita construir una industria que funcione para el desarrollo del país.

En tanto el presidente de AMCHAN: La ley minera de Guatemala y la Constitución es muy clara porque promueve la explotación sustentable de los recursos naturales para generar ingresos, inversión y desarrollo.

De acuerdo con el MEM, actualmente hay vigentes 297 licencias de explotación minera y 11 de exploración. Las regalías de la industria minera son del 1% y regalías voluntarias para el oro y la plata del 5%, el aporte del sector representa 0.8% del Producto Interno Bruto.

Fuente: Política Minera Institucional, Ministerio de Energía y Minas.