Alejandro Giammattei quedó desconcertado al principio, pero no tardó mucho en allanarse ante la evidencia. Bernardo Arévalo ganó la elección y aunque la fiel Consuelo Porras y el inefable Rafael Curruchiche se ofrecieron prontos a enderezar el entuerto, con la voluntariosa ayuda del juez Orellana y las Cortes, no necesitó mucho tiempo para entender que le quedaba una única opción viable: reconocer el triunfo y entregarle el mando. Sus aliados en el Ministerio Público, en las Cortes y en el Congreso observaron con preocupación la actitud del Presidente, pero confiaron en que se trataba solo de una posición táctica.

Más tarde, sin embargo, cuando en un exceso de vehemencia, Giammattei ofrendó su vida a cambio de la llegada al poder de su sucesor electo, los aliados de los últimos cuatro años comprendieron que la divisa del gobernante era “sálvese quien pueda”.  Y él cree poder.

Giammattei chapotea desesperado para llegar al 14 de enero y marchar a Italia sin acusaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción en su contra. De Italia, suspira, no habrá de extraditarlo nadie.

Sus aliados, en cambio, solo tienen por opción a Nicaragua, en caso de que las cosas para ellos se pongan muy feas. No hay otro destino seguro.

Todo lo que se ve por estos días es consecuencia de esa convicción: Bernardo Arévalo llegará al poder y lo único que puede intentarse es atarlo de manos para impedirle actuar como prefiera o sumarse a él.

Cuando Bernardo Arévalo acude al Congreso, saluda afable a quien se le acerca y responde a las preguntas que le hacen otros diputados, pero no pide consejos ni parece interesado en recibirlos. No compromete nada.

El Presidente electo sabe del rechazo que su triunfo electoral genera en las bancadas mayoritarias, pero también ha percibido una división entre sus integrantes. No pocos diputados del gobierno le extienden por estos días una rama de olivo.

La junta directiva oficialista se apresuró a desconocer al Movimiento Semilla ante la exhortativa del Ministerio Público y un juez, pero si lo hubieran sometido a discusión, probablemente hubieran perdido quienes quieren mantenerse contra él en pie de guerra.

La iniciativa de concentrar todo el poder de nombramiento de jueces en la actual Corte Suprema de Justicia es una medida defensiva de quienes temen ser acusados de corrupción, no una de ataque. Y la discusión en torno a la próxima junta directiva no cuaja porque son cada vez menos los diputados interesados en plantearse en un pleito abierto contra Semilla.

El factor crucial para quienes han integrado la alianza oficialista es la permanencia de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público hasta que Giammattei abandone el cargo. Su presencia ahí hasta hoy ha significado el mejor blindaje para el Presidente y sus socios de corruptelas, pero sus últimas actuaciones generan mucha inquietud.

Rafael Curruchiche y sus andanzas no logran persuadir casi a nadie, excepto a los más recalcitrantes. Y las destituciones y rotación de cargos que la Fiscal General ha hecho en los últimos días también parecen orientadas a cubrir los flancos débiles a la hora de su retiro del cargo.

Si Giammattei le acepta la renuncia a Consuelo Porras antes de dejar la Presidencia, él todavía podría elegir a su sucesor, pero, ¿será confiable un cuadro recién llegado para protegerlo de cualquier acusación? Y con el disgusto y la desconfianza que ha sembrado entre sus antiguos aliados, ¿podrá sentirse a salvo?