Esos son los manifestantes frente a la sede del Ministerio Público (MP) ayer después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó la segunda vuelta electoral para el 20 de agosto con Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. 

La resolución se firmó en medio de una turbulencia democrática que empezó cuando el fiscal de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunció la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla. 

Curruchiche no actuó solo, requirió del aval de la Fiscal General Consuelo Porras y de la firma del mismo juez que llevó el caso contra el periodista José Ruben Zamora y sus abogados, el juzgador Freddy Orellana. 

Los manifestantes exigen la salida de la Fiscal General.

Solo un pequeño grupo, liderado por la Fundación contra el Terrorismo, acuerpa al MP. 

Ricardo Méndez Ruíz, jefe de la fundación, quien ha liderado la acusación en casos emblemáticos de persecución: el de la fiscal Virginia Laparra, la agente Samari Gómez, las fiscales Leily Santizo y Siomara Sosa, el exjefe de ellas, Juan Francisco Sandoval, además el periodista José Rubén Zamora. 

Méndez Ruíz es auxiliado por el abogado Raúl Falla Ovalle. Y ambos eran de los pocos que aúpan los allanamientos en la sede del Registro de Ciudadanos del TSE. 

Sus voces pierden fuerza. Una ola de organizaciones se han desprendido de las acciones del Ministerio Público las cuales catalogan como atentado contra la democracia. 

Así lo describe una estudiante de Relaciones internacionales de la Universidad Rafael Landívar: 

Nunca esperamos que esto llegara a pasar en nuestro tiempo, nunca esperábamos que la democracia fuera a estar en tanto peligro como está ahora. Es parte de volver a unirnos como generación. Es ahorita el mejor tiempo para salir a exigir nuestros derechos y hacernos notar como generación, porque es nuestro futuro por el que estamos luchando.

Asociaciones indígenas se unieron para defender la democracia. Osmundo Xetzac, integrante de la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché: 

Estamos al tanto con los hermanos de Sololá, de los 48 cantones de Totonicapán, de Xela, de Huehuetenango, como también con el Consejo de Pueblo Maya (CPO), a nivel nacional ellos manifestaron su preocupación. 

La Iglesia Católica también rechaza el rompimiento. Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado: 

Se están dando cuenta de que hay toda una manifestación en la cual se quiere acallar la voz ciudadana que se ha expresado en las urnas.

El sector empresarial se ha levantado de forma inesperada, después de 4 años de respaldo a la gestión de la Fiscal General, designada por el Departamento de Estados Unidos como corrupta y antidemocrática.  

Los comunicados de las diferentes cámaras de Comercio, del Agro, Industria, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) exigieron respeto a la Constitución.

El balotaje pendía de un hilo, pero las acciones de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral han salvado, de momento, la segunda vuelta.