La libertad condicional del exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Murphy Paiz, procesado por el caso Comisiones Paralelas 2020 y el cierre de la persecución penal contra la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, quien fue señalada del delito tráfico de influencias, permite que ambos puedan ocupar cargos académicos y judiciales. No obstante, desde la perspectiva “ética”, surgen reflexiones y cuestionamientos sobre qué deben hacer funcionarios públicos en esas condiciones, sean docentes o magistrados.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha explicado que existe una “incongruencia” entre la acusación realizada contra la magistrada y los medios de investigación que se presentaron, por lo que el MP no apeló la resolución  del juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, en la que cerró el caso contra Stalling.

Con esta resolución, Stalling puede retomar el cargo como magistrada vocal VIII de la CSJ. Sin embargo, el juez Carlos Guerra y expresidente del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), dice que aunque Stalling puede ocupar de nuevo  el cargo de  magistrada en la CSJ, será el CCJ el encargado de analizar el tema.

Andy Javolois, catedrático universitario en derecho y consultor en temas jurídicos, refiere que los artículos de normas de comportamiento ético del Organismo Judicial, aprobados mediante el acuerdo 22-2013, son claros en decir que el comportamiento del personal administrativo y de quienes aplican la justicia, puede perjudicar la imagen pública de OJ, por lo que recomienda a Stalling, apartarse del cargo.

«Que se dejen fuera las consideraciones de naturaleza jurisdiccional en contra de la abogada, no quiere decir que su comportamiento pueda considerarse bajo los cánones de la ética. En otro país como Alemania, la misma persona toma la opción de apartarse y eso sería algo que podría incluso resarcir la imagen pública que esta abogada tiene, pero en Guatemala eso no se acostumbra».

Stalling fue detenida en febrero del 2017 y enviada a prisión. La exmagistrada fue sindicada de pretender influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, que conocía el caso de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, sindicado en el caso IGSS-Pisa y por el que en 2018 fue sentenciado a 6 años y 3 meses de cárcel.

Quien también volverá a la USAC, aunque esta vez como docente, es el exrector universitario Murphy Paiz. Según el calendario de clases de la facultad, impartirá el curso de mecánica analítica 1 en la sección S de 17:20 a 18:10 horas. Paiz es señalado de intentar manipular la elección de magistrados de la CSJ y corte de apelaciones.

Algunos docentes de la facultad de Ingeniería prefieren no opinar, al argumentar que temen perder sus puestos de trabajo, pues aseguran que desde que asumió Walter Mazariegos como rector universitario, se han reportado despidos injustificados. Sin embargo, el malestar es evidente, Carlos Maldonado, docente de la escuela de Historia refiere que si bien el exrector no ha sido vencido en juicio, debe prevalecer el respeto hacia los estudiantes.

«Una persona que está ligada a proceso no tiene todos sus derechos políticos, pero en Guatemala todo se permite, impartir una cátedra es antiético porque está ligado a un proceso que no lo ha exonerado de culpa».

En este caso, el abogado Javalois dice que los artículos 14 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución Política de la República, son claros al decir que debe prevalecer la “presunción de inocencia”.

«Estos artículos y las leyes nos guste o no, son una garantía para cualquier persona en Guatemala, y dicen que en tanto no haya una sentencia firme que prive a la persona de sus libertades fundamentales, puede seguir ejerciendo el derecho de trabajo».

Byron Garoz, miembro de la Asamblea Permanente por el Rescate de la USAC, nos dice que si bien, el exrector universitario está amparado en ley, no es recomendable que imparta clases.

«No sé si a alguien le guste recibir clases de alguien que está sindicado de manipular el sistema de justicia, habrá reacciones adversas de estudiantes».