La normativa presentada a la Dirección Legislativa del Congreso en abril del 2017 por el diputado Aníbal Rojas y aprobada con 101 votos el 8 de marzo pasado perdió rumbo.

Las diputadas Andrea Villagrán, Sonia Gutiérrez y Ligia Hernández presentaron objeciones ante la Junta Directiva del Congreso para que sean discutidas en el pleno; se acepte que la normativa tiene inconstitucionalidades; y quede sin efecto. Horas después el presidente Alejandro Giammattei se pronunció y afirmó que de llegar a sus manos, vetará la ley porque viola la Constitución.

Mientras los parlamentarios presentaban las objeciones en el Congreso, en las afueras del Palacio Legislativo grupos de la sociedad civil también manifestaban su descontento, fue así como la diputada Andrea Villagrán, junto con otros parlamentarios de oposición, se dirigió a la multitud.

«Estamos en contra de la aprobación de la mal llamada ley de protección a la vida y la familia y digo mal llamada porque es una ley de odio hecha desde el machismo, desde el patriarcado, desde la misoginia, tiene claras inconstitucionalidades que no puede nacer a la vida jurídica».

Sonia Gutiérrez, diputada del movimiento Winaq, dice que se quiere sentar un precedente como se  hizo con el decreto 33-2020 que autorizaba el Presupuesto General de la Nación para 2021, aprobado una semana antes en horas de la madrugada sin acceso a la prensa, con excesivo endeudamiento y sin discusión, lo que provocó protestas en el Centro Histórico.

Gutiérrez recalcó que el objetivo de las objeciones es que el pleno las conozca:

«Esta ley viola la libertad de expresión porque las mujeres no tendrían oportunidad de hablar de educación sexual. Nos limitan a tener una salud integral, son derechos establecidos en la constitución que no se pueden limitar».

La diputada se refiere al artículo 15 de dicha ley, el cual prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover  en la niñez y adolescencia, “políticas o programas que tiendan a desviar su identidad, según su sexo al nacer o enseñar conductas sexuales distintas”.

Diputados de oposición presentaron las objeciones a la ley al considerar que viola los derechos humanos.

Por su parte, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dice que si el presidente no veta la ley, presentará una acción de inconstitucionalidad para que se suspenda.

«En el escenario de que la Corte de Constitucionalidad no  resolviera conforme a derecho y se doblegue ante intereses políticos, queda la ruta de la justicia internacional que es lenta, pero es objetiva e independiente. Allí estamos hablando de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y luego pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

Para Rodas, el artículo 18 de la ley discrimina la diversidad sexual. En este se dice que toda persona tiene derecho a su la libertad de conciencia y expresión, derecho que implica no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales.

Los parlamentarios dicen que la expresión “no aceptar como normal la diversidad sexual”  contraviene el artículo 4 de la Constitución sobre libertad e igualdad y excluye a un grupo de la sociedad.

Por la tarde el mandatario Giammattei en un mensaje difundido por redes sociales dijo que pedirá que la ley sea engavetada.

«El decreto 18-2022 viola dos convenciones internacionales de las que Guatemala es signataria. Lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República  me he comunicado con la presidenta del Organismo Legislativo para que el Congreso mande a archivar la ley”. 

A decir del mandatario es una coincidencia que la ley en cuestión haya sido aprobada en el momento que Guatemala fue declarada Capital Iberoamericana por la Vida, justo en el día de su cumpleaños.