En menos de una semana el Ejecutivo y el Legislativo se topan con un nuevo frente de organizaciones y sectores empresariales que piden archivar o vetar un decreto aprobado el martes entre críticas y suspicacias: se trata de la “ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica” que entrega al ministerio de comunicaciones Q3.1 millardos más para su presupuesto amplía los recursos de la cartera a Q8.5 millardos.
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI):
“A este decreto 21-2022 ya se le conoce como la ley piñata”.
El apelativo, según Barrientos, es porque la ley se orienta a proyectos secundarios y solo Q614.9 millones son para construcción de obra nueva. Y esa parte hay dudas, por eso el ICEFI se opone a que la ley cobre vida:
De Q.3.1 millardos, solo 480 metros de los 719 kilómetros -menos de 0.1% corresponde a tramos nuevos- y cuando uno analiza cuánto estarían costando, nosotros hicimos consultas a expertos: cada uno de esos 489 metros de tramos nuevos, estarían costando medio millón de quetzales -Q480mil; y la señalización 1 mil 608 kilómetros, costaría Q522 millones; cada kilómetro costaría Q76 mil y estos precios son excesivos y aquí es donde un empieza a convencerse de que es otro mecanismo de dádivas. Por otro lado, no hay un solo proyecto de vivienda, lo que nos dice que no lo consideran estratégico, es más al programa le quitaron Q158 millones y este año Q150 millones.
Este reportero solicitó una entrevista con el ministro de Comunicaciones, pero no atendió. La ley no contempla proyectos específicos para la mayor parte del presupuesto asignado y eso abre la puerta a las dudas.
Los empresarios de la Cámara de Comercio señalan que con esta ley se dilapidan los recursos del estado, además apuntan a que hay opacidad. Jorge Briz, presidente de este gremio empresarial:
Solo el ver la aprobación que hicieron, cómo está diseñado todo el proyecto, hacia dónde aparentemente van a ir los gastos sin ningún control, ahí vemos cuál es la intención: dilapidar Q3.1 millardos, esa es la voluntad y la intención.
Lejos de tener una mejor infraestructura, esta se sigue deteriorando y es grave que se gastan multimillonarios recursos que no tienen ningún resultado o son casi imperceptibles.
ConCriterio solicitó a Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), pero en su oficina de comunicación respondieron que no tienen ninguna posición.
Eddie Cux, abogado del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC): creemos que es deplorable esa ampliación de presupuesto, no es clara en decir cuál va ser el destino de los proyectos. Lo que nos llama la atención es el momento en donde se está haciendo: hay alta probabilidad de corrupción de cara a las elecciones generales y posiblemente el dinero será para beneficiar a constructores que estén de cerca con los partidos que competirán el proceso electoral.
Algunos proyectos identificados son 4 escuelas con asignación de Q150 millones, construcción del Puente Belice II por Q1.2 millardos. Las unidades ejecutoras con la mayor parte de la ampliación son: la Dirección General de Caminos, una dependencia señalada de beneficiar con contratos millonarios a constructoras de familiares y amigos del gobierno. Y la Unidad de Conservación Vial (Covial). Los ministerios con mayores asignaciones presupuestarias son: Educación, Salud, Gobernación, y Comunicaciones.