Cuando en 2019 el entonces congresista de Nueva York Eliot Engel propuso la «Lista Engel» para sancionar a los funcionarios centroamericanos involucrados en casos de corrupción, no imaginó el revuelo que alcanzaría en Centroamérica. Tres años después, con 62 personajes políticos de Honduras, El Salvador y especialmente de Guatemala, los alcaldes y representantes de los 340 municipios se pusieron de pie para ovacionar al presidente Alejandro Giammattei cuando desafió en tono de burla ese listado y al gobierno estadounidense.

«Yo también voy a hacer la lista del zopilote y vamos a principiar a poner aquellos enemigos de Guatemala en la lista del zopilote. Si lo ponen en una lista que no vale nada, por lo menos el zopilote vale algo». 

“Giammattei tiene la imagen más deteriorada de los mandatarios de todo el continente y es acuerpado por alcaldes que solo tienen intereses de ganar obras de infraestructura”, dice Ronaldo Robles, exsecretario de Comunicación Social durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Para Robles, el discurso no tiene sentido y tampoco podría empeorar más la relación con Estados Unidos.

«Difícilmente podrían estar en una etapa más fría, ya hemos observado la advertencia con otros listados que incluyen al sector privado y pareciera que ni se inmutan. Estos pueden ser los últimos relinchos de un sistema que está representado por Consuelo Porras y el Presidente, que han cometido actos de corrupción con la complicidad del sector privado que financia grupos de choques para atacar a periodistas, fiscales y jueces en este retroceso que busca la reinstalación de un régimen corrupto».

¿A quién se ha incluido en la Lista Engel y cuáles son las sanciones?

En septiembre de 2021, EE.UU. incluyó a la Fiscal General Consuelo Porras, pero también figuran la  exdiputada Delia Bac, el diputado Felipe Alejos, el expresidente Álvaro Colom, Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo y el exjuez prófugo Mynor Moto, entre otros.

La consecuencia para los nombrados en la “Lista Engel” es la cancelación de visas para ingresar a Estados Unidos, país que no solo los incluyó en esa lista, sino que los investiga para desarticular las estructuras ilícitas que puedan integrar. No obstante, el presidente Giammattei ha defendido el trabajo de la actual fiscal General y califica de corruptos a los operadores de justicia que se exiliaron en Estados Unidos por tener órdenes de captura.

«Ahora viene la elección del próximo fiscal. Me han llamado y me han amenazado. Yo lo he único que podido contestar, como se lo dije a un embajador de una potencia, de un imperio, en una visita que me hizo, le dije: “Embajador, ustedes no han entendido que mientras yo sea presidente de este país, que es así de chiquito comparado con el suyo, aquí se respeta la soberanía del país».

Las protestas en contra de los funcionarios corruptos han sido constantes en los últimos años.

No tendría afecta las relaciones diplomáticas, pero sí es un resbalón personal que no pasará desapercibido por el departamento de Estado o de los congresistas y senadores que lo calificarán como una burla hacia un tema serio como es el señalamiento de funcionarios corruptos, dice Max Santacruz, politólogo y secretario Privado del exvicepresidente Eduardo Stein (2004-2008).

«El presidente juega lo que tiene que jugar, que es la defensa de la soberanía del país como su responsabilidad. Pero Estados Unidos también tienen la soberanía de poner en esta lista a personas que ellos consideren no deseadas por sus actuaciones. Estados Unidos también podría decir que cuando se burla de la lista Engels también se estaría burlando de su soberanía. El presidente lo pudo haber dicho pero de otra forma y no de cara a una etapa previa a la elección de Fiscal General o la reelección de la actual fiscal».

Las sanciones de EE.UU. también han sido para otros países y se incluyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, quienes asumieron el 1 de mayo de 2021 después de que la bancada legislativa del partido del presidente Nayib Bukele depusiera a los titulares tres años antes de que terminaran su mandato.