Han pasado cinco años desde que en abril de 2018, cinco empresarios representantes de grandes capitales en la economía en el país fueron señalados de financiar ilícitamente con Q7.1 millones la campaña del expresidente Jimmy Morales en 2015. Entonces admitieron el error y ofrecieron una disculpa pública, pero la historia y su tono han cambiado. Los acusados:
– José Guillermo Castillo
– José Miguel Torrebiarte
– José Fraterno Villa
– Salvador Paiz
– Felipe Bosch
La disculpa quedó y los empresarios hoy llaman al proceso “un caso inventado por CICIG”, así respondió vía chat a este reportero Felipe Bosch, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Pero, regresemos a 2018 y escuchemos:
“Reconocemos con humildad que, sin saberlo, se cometieron errores, que deben de ser resarcidos. Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala, a nuestras empresas, accionistas y sobre todo a nuestras familias”.
La voz es la de Salvador Paiz, presidente de la Fundación Sergio Paiz Andrade (FUNSEPA), otro de los imputados, que declinó ser entrevistado en esta nota. En 2018 Paiz tomó el micrófono y admitió en nombre de todos los hechos señalados por la Fiscalía de Delitos Electorales y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La denuncia gestó una reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, el cual, seis meses después, contempló como transgresión financiar y no reportar campañas políticas. Los empresarios entregaron Q7.1 millones a la campaña del expresidente Jimmy Morales sin declararlos.
Un juez determinó que el delito era inexistente cuando se cometió. Un argumento al cual se oponía la jueza original de la causa, Érika Aifán, quien salió al exilio bajo amenazas.
Lisbeth Pérez, jefa de la Fiscalía de Delitos Electorales, confirmó que el Juez Primero de Primera Instancia Penal dictó sobreseimiento bajo amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) y argumentó de que “cuando cometieron los hechos no se encontraba vigente el art 407 O, que se refiere al delito de financiamiento electoral no registrado. Consideró el juez, además que los hechos que se les imputaron no eran constitutivos de delito”.
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana: “con todas las instituciones cooptadas, les favorecieron hasta llegar al cierre del caso, lo cual deja mal parado a la institucionalidad, porque se modificaron normas en el Congreso, el estado de Derecho queda en duda”.
Los jueces y fiscales originales de esta causa, quienes aplicaron un critierio distinto, están en el exilio. Una de ellas Érika Aifán, asilada en Estados Unidos.
El caso se basó en los testimonios de Paulina Paiz, hermana de uno de lso empresarios, y Olga Méndez, representante de Novaservicios, quienes confesaron los mecanismos utilizados por los empresarios para ocultar el financiamiento al expresidente guatemalteco.
Paiz y Méndez fueron beneficiadas con el cierre del caso, pero debieron pagar US$45 mil cada una como reparación; en el caso de Novaservicios, la empresa que sirvió como canal de los fondos, debió pagar Q2.3 millones.
📰 COMUNICADO: #CasoFinanciamientoElectoraIlícito: Reparación integral cumplida. 👇👇
— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) March 28, 2019
En 2018 los empresarios reconocieron dichos testimonios y documentos que prueban las transacciones. Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI): “La justicia al revés: quienes reconocen la comisión de hechos delictivos quedan como únicos responsables y otros que son beneficiarios por resoluciones contrarios a derecho, quedan en la impunidad en los actos que fueron participantes”.
Y añade: quedan en impunidad de momento, acciones desarrolladas por dichas personas, en eventuales casos de lavado de dinero, derivado de la triangulación de recursos fuera de Guatemala, para financiar esa campaña y son hechos que no han sido imputados y que tampoco han prescrito.
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, señala que este caso fue un parteaguas para CICIG: se arreció todo el ataque, se pronunciaron las campañas antiCICIG y el lobby en EE.UU. y todas las instituciones después de la Comisión, se cooptaron y les favorecieron hasta llegar el cierre del caso.
El cierre de caja de este caso 5 años después: un delito vigente cuyos gestores están en libertad; dos empresarias del mismo grupo que aceptaron los cargos y que debieron resarcir al Estado; un vídeo en Youtube en donde los empresarios ofrecen disculpa; y una versión distinta a la original: de las disculpas pasaron a señalar que todo fue un invento.