Las imágenes de cuerpos y vehículos abandonados a la orilla de una carretera de terracería en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango aquel 30 de noviembre de 2008, aún circulan en las redes sociales. Traen a la memoria de quienes estuvieron al mando del ministerio de Gobernación que esa tarde de jaripeo terminó con 17 muertos y marcó un pulso entre Los Huistas y el grupo armado mexicano los Zetas para pelear por el trasiego de droga.

Este caso registró un solo detenido: Víctor Hugo Morales González, alias El Amarillo, supuesto líder de los Zetas y sentenciado a 448 años de prisión.

El viernes último la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, señaló a Los Huistas y sus líderes como una amenaza para la gente y la seguridad de EE. UU. Incluyó en la designación a Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente del  Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien según las autoridades estadounidenses, es el encargado de transportar y almacenar cargamentos de cocaína a nombre de Los Huistas.

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación en 2008, dice que la narcomatanza en Agua Zarca develó esa lucha de territorio de Los Huistas y reconoce que aunque se sabía de la existencia de este grupo, para ese entonces no dimensionaban su logística para la venta de cocaína, heroína y metanfetaminas, como ahora lo afirman autoridades estadounidenses.

«Detrás hay una estructura compleja, porque la metanfetamina la producen con precursores importados desde China. Estados Unidos reconoce que esa estructura tiene negociaciones con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lo que resulta interesante porque ambos carteles son enemigos y viven en guerra. Esto significa que Los Huistas tiene una capacidad de negociación para no tener conflicto con ninguno de los dos grupos».

Para Jiménez esta estructura tiene varias “redes” además de estructuras no ilícitas pues necesitan lavar dinero y continuar operaciones.

«Utilizan vínculos con sectores estatales y económicos. No pueden actuar si no es así. Definitivamente tienen que ver con redes políticas a nivel local y nacional».

En 2013, el  Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) intervinieron llamadas telefónicas que Los Huistas tenían con abogados para liberar a un integrante de la estructura, Juan Bautista Rozotto López, detenido ese año cuando trasladaba Q600 mil en efectivo sin declarar. Rozotto fue liberado debido a pruebas falsas que presentaron los miembros de la organización, pero fue recapturado y sentenciado a 6 años de cárcel por ese caso. La misma sentencia recibieron tres más implicados, entre ellos Henry Hernández, el hermano de la expresidenta del Congreso, quien fue sentenciado a 3 años de prisión.

Para Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, lo revelado por Estados Unidos se debe ver como una sanción para las agencias de inteligencia de Guatemala, aunque no descarta que hayan colaborado para lograr esta información y recomienda tonar el control de la región 

«Esto es parte de un proceso en materia de investigación que es confirmada. Es una llamado de atención para que se tomen acciones  y el control de esos departamentos para prevenir disputas y ajuste de cuentas y porque se piden recompensas, se debe de tomar el control para evitar una ola de violencia en esa región».

Según el documento emitido, desde 2012 Eugenio Darío Molina López y Alec Baldomero Samayoa Recinos han liderado esa organización y según el sitio Insight Crime eran el objetivo de Los Zetas en la balacera de Agua Zarca.

Las autoridades estadounidenses afirman que Molina López supervisa  todas las operaciones y por información que los conduzca a su captura, Estados Unidos ofrece una recompensa de US$10 millones. En cuanto a Samayoa Recinos, se le acusa  de supervisar la operación y coordinar el transporte de cocaína desde Huehuetenango hacia Chiapas, México.