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Las cifras anuales del costo económico de reinstalación de personal en el Estado son alarmantes. En 2024, solo cuatro ministerios del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo debieron pagar Q366.6 millones por despidos bajo procedimientos incorrectos durante la anterior administración. El actual Gobierno quiere evitarle al Estado esos costos, pero el ahorro implica mantener en las oficinas gubernamentales a alfiles de la corrupción.
Los trabajadores de las instituciones lo saben: muchas y oficinas aún las dirigen grupos afines al expresidente Alejandro Giammattei su pareja Miguel Martínez. Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, una organización de fiscalización pública:
“Ya no tenemos a las cabezas de la corrupción en la cúspide del gobierno, pero los pies y las manos siguen funcionando para esas redes. Tienen cooptado el servicio civil, tienen gente funcional dentro del Estado para mover sus contratos en las Juntas de Licitación».
El ministerio de Salud pagó Q213.1 millones a trabajadores que ganaron el juicio por despidos injustificados; Desarrollo Social (Mides) erogó Q70.7 millones; en Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) pagaron Q76.7 millones; y al ministerio de Trabajo le costó Q5.8 millones.
9 de cada 10 trabajadores del Estado despedidos logran su reinstalación
El costo de no poder gobernar
Adrián Zapata, abogado y exsecretario de Desarrollo Rural, durante la administración de Otto Pérez, señala que no se puede estigmatizar a todos los trabajadores heredados de otros gobiernos, pero sí es tarea decidir de qué servicios debe prescindir y añade:
“Puede ser que les cuesta más en términos económicos, pero creo que si llegaron al Gobierno, es para impulsar una propuesta programática. ¿Los mantienen para ahorrarse los costos económicos? ¿Cuál es el costo que tienen que pagar? ¿los correspondientes a las decisiones jurisdiccionales y la carga económica que eso representa o el costo de no poder gobernar?"
Alejandro Balsells, asesor jurídico del presidente Arévalo: si lo que está diciendo el otro entrevistado es que no se deben cumplir las órdenes judiciales, eso no se puede hacer. El punto del millón es que el sistema protege que no se puedan tomar ciertas decisiones y que exista un sindicalismo bastante irresponsable.
Balsells apunta a un problema histórico, a pesar de que parece ser Arévalo quien se topa con una empresa llena de personas de la anterior administración que cooptaron todas las instituciones.
“el problema real del Estado de Guatemala –y lo ha dicho el Presidente– es que la corrupción crea un Estado ineficiente; entonces lo que se han encontrado es que la ineficiencia es la regla, por eso cuesta mucho. Existen situaciones mucho más delicadas que venir y sacar gente y por supuesto que hay personas que sí responden a administraciones en donde el interés no era el ciudadano".
Hay una canción infantil que dice: “Vamos a llamar al lobo para que saque a la chiva…el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí…” ¿Habrá quien limpie las instituciones?
Marroquín acota.
“Si no lo vemos en este primer semestre, no lo vamos a ver porque luego los gobiernos entran en crisis más agudas; justamente por no haber hecho esa limpieza, la maleza vuelve a crecer y empiezan a explotar los escándalos de corrupción y ahí terminan ahogados los gobiernos”.
Los entrevistados destacan esfuerzos en cartera como el Mineduc y Salud y Ambiente, donde perciben una lucha frontal contra los alfiles de gobiernos anteriores.