El gobierno electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera abre una luz de esperanza para el regreso de casi 100 exiliados que dejaron el país los últimos años a raíz de la persecución política o acoso judicial. El esfuerzo será coordinado por el penalista Oswaldo Samayoa, que dirigirá la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (COPADEH) y quien reveló a ConCriterio:
“Tenemos el dato contundente de 20 personas a quienes se les podría brindar las garantías y seguridad adecuada para que puedan regresar al país lo más pronto posible. Lo vamos a poder desarrollar hasta que tengamos más certeza de cierta información que tenemos que establecer”.
Entre la información que menciona:
- Que haya voluntad de retorno
- Que el gobierno concrete garantías:
“Garantizar que no haya un etiquetamiento por las opiniones; que no se tendrá seguimiento de control y escuchas; intimidación o acercamientos de agentes del Estado para que se callen; todo esto ya está garantizado, pero debemos velar porque se cumpla”.
Oswaldo Samayoa, coordinará la COPADEH y el esfuerzo de retorno a casa de los exiliados.
Entre los desterrados de Guatemala hay fiscales, jueces, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos. La cifra no está definida, pero según la exjueza Claudia Escobar, coordinadora de un programa de estudios en Washington DC y Costa Rica, que acoge a centroamericanos perseguidos, contó 50 funcionarios de justicia guatemaltecos en 2023. El movimiento #NoNosCallarán, por su parte, documenta 26 periodistas exiliados.
De acuerdo con @NoNosCallaranGT, el Ministerio Público de Guatemala está equiparando a los periodistas con criminales y está queriendo convertir el ejercicio periodístico en un delito. https://t.co/CPRvwCe1GG
— LatAm Journalism Review (@LatAmJournalism) December 15, 2023
Andrei González, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de 35 años, salió desde 2019 tras denunciar denunciar a Consuelo Porras, Fiscal General, por obstruir casos de corrupción, incluidas la protección a Sandra Torres, expresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Operadores de justicia exiliados: Andrei González, Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana, Siomara Sosa y David Gaitán.
González aclara que no piden amnistía, sino justicia. Este fiscal fue denunciado por Porras por revelación de información confidencial, pero su caso es más complejo:
“Gustavo Alejos me denunció por homicidio: dice que a raíz de la persecución, le provocamos la muerte al papá. Yo lamento mucho la muerte del señor, pero no tengo nada que ver. Uno se encuentra con denuncias tan espurias como esa y cuando uno preguntaba al Fiscal de Asuntos Internos, respondía que, en efecto, no había elementos, pero que las instrucciones del Despacho General eran no desestimar ni cerrar ninguna”.
Samayoa señala que aunque existe un plan para el retorno de los desterrados sin denuncias ni juicios abiertos, deja claro:
“El presidente Arévalo es totalmente respetuoso de la independencia de poderes; en ese sentido lo que se plantea es una invitación al sistema de justicia, para que se revise este tipo de casos a luz de lo que organismos internacionales han expresado; como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o comités específicos de Naciones Unidas. Hay que ser muy cautelosos porque se tiene que respetar la independencia del sistema de justicia”.
Siomara Sosa, de 48 años, exsubjefa de FECI, fue enviada a prisión en febrero 2022, pues el MP la señala de colusión en el Caso Odebrecht. Tras obtener arresto domiciliario, dejó el país y lleva 11 meses fuera:
Sí existiera Estado de Derecho en Guatemala y los jueces fueran independientes, nosotros ganaríamos todos los juicios; si se forma una comisión, solo va a acompañar un proceso de manera normal, lo que pasa es que actualmente no hay garantías. Si existiera independencia judicial, no hubiera pasado todo lo que ocurrió.
David Gaitán, exmandatario de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), debió salir del país hace un año; el MP lo acusa de acuerdos ilegales en el caso Odebrecht, aunque no era funcionario:
Aquí hay otra labor importante del Ejecutivo, que es el papel que jugará la Procuraduría General de la Nación (PGN), que hasta ahora ha sido cómplice del MP y se ha mantenido en silencio y deberán actuar con contundencia como abogado del Estado; pero sobre todo, velar por el respeto de derechos humanos.
Los propios exiliados están conscientes del desgaste político que pueden padecer Arévalo y Herrera. Gaitán externa: el Gobierno deberá ponerse del lado de la verdad y sabemos que eso implica costo, sobre todo cuando los políticos están acostumbrados a prebendas.
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