Los reveses al juicio por genocidio Ixil muestran la agonía de la justicia de guerra 
"Últimamente están propiciando acciones con el fin de entorpecer, como ahora que nos viene a cambiar a un nuevo tribunal, que conozca de nuevo el juicio".
Publicado el 02 Dic 2024

Los reveses al juicio por genocidio Ixil muestran la agonía de la justicia de guerra 

"Últimamente están propiciando acciones con el fin de entorpecer, como ahora que nos viene a cambiar a un nuevo tribunal, que conozca de nuevo el juicio".

Escuche la nota aquí:

La posibilidad de que un tribunal emita una nueva sentencia por crímenes de guerra se extinguen con una fiscalía de Derechos Humanos debilitada. El caso por genocidio del pueblo Ixil refleja la agonía de la justicia transicional: una Sala de Apelaciones se trajo abajo un proceso de siete años cuando anuló, en plena marcha, el juicio contra el general Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor Presidencial en 1981, acusado de perpetrar matanzas masivas. 

Lucas García tiene 92 y está enfermo, dice María Teresa Martínez, su defensora pública: 

Ya ha excedido la edad promedio de vida y tiene achaques propios de la edad, que en cualquier momento lo pueden molestar.

Las víctimas esperaron cuatro décadas para llegar hasta el tribunal y cuando la sentencia estaba a un paso, la defensa acusó de parcialidad a los jueces y su alegato fue acogido.

Lucas García enfrenta solo la acusación, pues uno de los oficiales coacusados murió y el otro fue declarado inimputable.

La soledad de Lucas García es igual a la de Cándida Mercedes Morales, fiscal de Derechos Humanos. La Fiscal General Consuelo Porras desbarató al equipo de investigadores que perseguían estos crímenes. Érick de León, el fiscal que llevó durante 2 años este proceso, fue destituido la primera semana de noviembre en pleno debate; su despido fue seguido del traslado de 4 auxiliares fiscales del juicio. 

Benedicto Lucas García

Toda la unidad de Derechos Humanos está en extinción: el 15 de noviembre hubo 14 remociones y traslados. ConCriterio solicitó entrevistas al Ministerio Público (MP) pero no respondieron. En Prensa Libre, el MP explicó que el personal ahora perseguirá estafas.

Cándida Mercedes Morales es la única fiscal que queda para esclarecer crímenes de guerra y Mario Trejo, querellante de la Asociación Justicia y Reconciliación, la acompaña en este juicio:

Su trabajo ha sido bastante comprometido con el caso. Es la única que queda (…) se ha quedado sola …  podemos decir que ha tenido un buen papel. 

Atrás quedaron los logros de la Fiscalía de Derechos Humanos que anotaba previo a la gestión de Consuelo Porras. Como la sentencia a 5 mil 160 años de prisión contra integrantes de la patrulla que ejecutaron a 171 pobladores las Dos Erres en 1982; o la condena a 150 años contra el exmilitar Felipe Cusanero por las desapariciones forzadas entre 1982 y 1984 de seis campesinos de la aldea Choatalum, Chimaltenango. 

Nos dimos a la tarea de investigar qué corresponde cuando dice “impunidad” y nos vamos a permitir algunos conceptos (…)

Es la voz deMiriam Brolo, presidenta de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, cuando anuló el juicio basados en las palabras de un juez.

La defensora señala además que los jueces fueron parciales al impedir el apoyo de expertos militares: Los abogados cuando no tienen expertise necesitan auxiliarse de alguien con conocimiento. 

Al querellante Trejo le llama la atención:

Últimamente están propiciando acciones con el fin de entorpecer, como ahora que nos viene a cambiar a un nuevo tribunal, que conozca de nuevo el juicio.

El jueves, al concluir la audiencia, las abogadas se hicieron acompañar de Rony Lanuza, directivo de la asociación Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) quien nos dice: cada quien va emitir opiniones de su particular conveniencia. Cualquiera puede buscar las argucias legales.

La defensa asegura que la intención de sus acciones no es frenar el proceso. Se han presentado diferentes protestas y el caso continúa. 

Los querellantes señalan que el golpe más fuerte fue lograr el cambio de Tribunal de Sentencia, a pocos días de conocer el fallo.

“Técnicamente es volver a repetir todo el debate con esta resolución

El MP pidió 2 mil 860 años de prisión por genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada de unas 70 víctimas.

Lucas García comparece por videollamadas desde el Hospital Militar. Su esposa María Elena Winter, nombrada embajadora de la paz durante el gobierno de Alejandro Giammattei, llega a  las audiencias y celebra el cambio de tribunal: “le damos gracias a Dios, porque el general ya tiene 92 años y lleva varias operaciones”.

Henry Bin

Periodista

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