Las escuelas en Alta Verapaz encienden una alerta: maestros acusados de cometer crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes parecen blindados en el Ministerio de Educación (Mineduc), el sistema de justicia y un sindicato: pese a las denuncias, los profesores solo son transferidos a otros centros y, por ende, a otras poblaciones de estudiantes.

Lilian Vásquez, directora del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista, documenta entre 2017 y 2109, 22 casos donde 21 agresores sexuales fueron los maestros y un director. Este último abusó de una niña que quedó embarazada y dio a luz a los 11 años, a este funcionario se le dio libertad condicional y se fugó:

“Ahorita estamos llevando 4 casos en San Cristóbal Verapaz, 1 en Tactic, hay en Cahabón, en La Tinta, San Pedro Carchá, entre otros. En total, la investigación mostró que los maestros, pese a la denuncia, permanecían en las escuelas pues, según la asesora jurídica de la Dirección Departamental, no los podían destituir porque estaban sindicalizados y solo lo podían hacer a través de una sentencia condenatoria”.

Según la abogada la sanción más grave es suspenderlos de labores; no obstante, a través sindicato, logran ser reubicados.

La Dirección Departamental de Educación, dependencia que mantiene en sus puestos a estos docentes, tiene su propia historia de abuso sexual: el subdirector de esta departamental tiene una denuncia por violación sexual de su hija, este funcionario abusó de la niña de los 10 a los 14 años, según el bufete jurídico.

El colmo, señala la dirigente del a ONG, es que él es quien dirige la mesa de prevención de violencia hacia la niñez:

“Y esta persona es quien iba rotando a los agresores de escuela en escuela. A él, la semana pasada un juez lo declaró “violador de los derechos humanos” en su modalidad de abuso sexual y con esto ya podría pedirse la destitución y esperando el proceso penal que inicia el 7 de octubre”.

Este subdirector de educación no puede acercarse a su hija.

ConCriterio solicitó a la abogada documentos del caso, pero aún está en proceso. Este reportero intentó sin éxito contactar con la fiscalía departamental del MP, pero al cierre de la nota no se atendió la solicitud.

El 29 de diciembre de 2017 cobró vigencia la Ley de Registro de Agresores Sexuales (RENAS). Eda Roblero, a cargo temporalmente de esta unidad, señala que la base de datos está en revisión. La oficina registra entre 2019 y 2020,   45 nuevos agresores, no obstante, la funcionaria señala:

Únicamente pueden estar dentro del registro cuando se emita una sentencia condenatoria.

Luis Fernando de León, defensor de la niñez de la Oficina del Procurador de Derecho Humanos, señala que, si bien existe el principio de inocencia, también hay preeminencia sobre los derechos de la niñez:

La misma Convención de los Derechos del Niño son muy claras: el niño tiene que ser escuchado y las instituciones lo deben de tomar en cuenta y se deben de tomar las medidas pertinentes que es la separación de inmediato de la atención de la niñez.

La procuraduría de los de Derechos Humanos no documenta estos casos pues señala que no fueron denunciados en ante la institución.

Héctor Canto exviceminisitro de Educación en la pasada administración respondió que en efecto Alta Verapaz era uno de los departamentos con mayor incidencia en estos delitos que el Mineduc le daba seguimiento a través de una mesa interinstitucional:

Hubo pronunciamiento de distintos sectores que el Mineduc debía suspender a estos maestros sin goce de salario y por otra parte, otros decían que se castigaba a estas personas y que se violentaba el debido proceso porque solo tenían una denuncia y que tenía que ser un juzgado quien debía determinar la culpabilidad.

ConCriterio llamó a la dirección departamental de Educación en mención, pero no respondieron a las llamadas.  *El Ministerio de Educación a través de la dirección de recursos humanos   respondió fuera del cierre de esta nota que en esa Departamental existe una comisión de seguimiento a los casos de violencia sexual contra estudiantes en ese departamento. Esta unidad coordinar acciones con el Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación (PGN). La abogada a cargo de los 22 casos señala que el total en ese departamento es de 150 profesores denunciados por estos abusos. Al cierre de la nota, el MP no confirmó esta cifra.

Este año 65 agresores documentados por el MP solicitaron una certificación para poder optar a puestos que no implique trabajar con niños. En lo que va de este año el ente investigador ha recibido 3 mil 446 denuncias de agresiones sexuales contra niños.

El 43.5 % de la población en Alta Verapaz vive en extrema pobreza y el 78.8 % en pobreza. Es un lugar donde habitan 1.2 millones de personas, el 93% es maya y el 66 % de la población menor a los 20 años es alfabeta.