La rebaja de condenas, resoluciones que piden más sustento en los casos y no considerar a los procesados con peligro de fuga, son elementos que han fundamentado la libertad a excongresistas y exfuncionarios procesados por delitos de corrupción.

Después de seis años en prisión, el expresidente del Congreso y exintegrante del extinto Partido Patriota (PP), Pedro Muadi, volvió a su casa a principios de este mes sin pagar una fianza. Muadi llegó al  Mariscal Zavala en 2015 y fue sentenciado a 30 años de prisión el 2 de marzo de 2020. Un tribunal lo halló responsable de crear una docena de plazas fantasma de las cuales cobraba salarios que fueron a parar a sus fondos. El fallo fue apelado y sele redujo la condena a 8 años, aunque la sentencia no está firme. 

Luis Lima, hermano del capitán Byron Lima, asesinado en prisión, así como el abogado Moisés Galindo, ambos implicados en el caso Caja de Pandora, fueron beneficiados con medida sustitutiva este mes, sin pagar una fianza, al considerar el tribunal de Mayor Riesgo B que se ha excedido el tiempo de la prisión preventiva y no hay peligro de fuga.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) acusó a ambos de integrar una estructura criminal cuyo jefe era Byron Lima, dedicada a cobrar comisiones ilegales a reclusos para obtener beneficios. La sospecha es que a través de los acusados realizó negocios con la municipalidad capitalina administrada por el entonces alcalde Álvaro Arzú. Aún está pendiente la fecha para que inicie el juicio.

Para el abogado Edwin Mayén, quien ha defendido a varios de los reclusos en dicha cárcel, la estancia en ese lugar no es mala, siempre y cuando se tenga suficiente dinero.

“A pesar de que está superpoblado, algunos han buscado la forma de estar mejor. Hay un exministro que tiene  construido un apartamento, otros tienen al servicio reos (para servicios domésticos) tienen cable, refrigeradora, computadora, no comen lo que dan allí, tienen alimentos propios, tienen su propio súper pues”.

El 27 septiembre último, el exdiputado Armando Escribá señalado en el caso Construcción y Corrupción firmó su boleta de libertad y pagó una fianza de Q100 mil.

Los jueces resolvieron que no había peligro de fuga. Según la FECI, Escribá adjudicó Q194 millones del ministerio de Comunicaciones a dos empresas vinculadas a él, por medio de sus familiares cuando fungió como director de la Unidad de Conservación Vial (Covial) en los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza y  PP.La jueza Erika Aifán debe resolver si enfrenta juicio.

Gustavo Alejos logró que en julio último le otorgaran un arresto domiciliario después de que se declarara la clausura provisional en uno de las múltiples causas que enfrentan bajo cargos de corrupción para que la FECI reúna información financiera que se encuentra en Panamá.

Alejos, exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, está vinculado en  cuatro casos más de corrupción y es señalado de alterar la elección de cortes.

El exdiputado del Partido Patriota (PP) Gudy Rivera, quien fue condenado a 13 años  de prisión en 2016  por intentar sobornar a una magistrada para obtener una resolución a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, salió de prisión el 12 de agosto. Su sentencia se redujo a ocho años y 11 meses por buena conducta.

El cuartel mariscal Zavala está ubicado en la zona 17 capitalina, desde 2015 funciona como un centro carcelario para detenidos procesados en casos de alto impacto: su capacidad es de 115 personas pero actualmente hay 200 internos. ConCriterio intentó obtener una versión sobre los supuestos lujos con que cuentan los reclusos, pero no hubo respuesta de la Dirección General de Presidios. Su director fue capturado apenas el fin de semana pasado, bajo sospecha de participar en la fuga de un extraditable.