El Gobierno propone para 2027 un presupuesto de Q192,045 millones. Son Q23,255 millones más que el vigente de 2026, y representa un incremento cercano al 14%. La primera pregunta debería ser bastante elemental: ¿qué sentido tiene aumentar de esa manera el presupuesto cuando existen dificultades para ejecutar el que ya se tiene?
Los datos a fin de agosto 2026 ofrecen una respuesta incómoda: la ejecución total de egresos alcanzaba 54.4%, pero el promedio esconde dos comportamientos muy diferentes: el gasto de funcionamiento había llegado al 58.3%, mientras la inversión se encontraba en apenas 41%. Lo que los números muestran es algo muy preocupante: el Estado tiene mayor facilidad para sostener su funcionamiento que para ejecutar inversión, y consecuentemente generar desarrollo.
Los CODEDES son un excelente ejemplo. Con Q15,425 millones, a la fecha indicada se había ejecutado un promedio del 20.3%. Y hay departamentos donde la situación resulta todavía más llamativa. Sacatepéquez registraba 16%; Zacapa, 16.9%; Jutiapa y Santa Rosa, 17.1%; Escuintla, 18.6%, y San Marcos, 19.5%.
A pesar de ello, el proyecto 2027 vuelve a apostar por incrementar las transferencias territoriales. Para municipalidades (Q14,966.7 millones) y para CODEDES (Q6,185.4 millones). Es evidente que los departamentos necesitan carreteras, escuelas, agua o centros de salud, pero ¿qué sentido tiene seguir aumentando las asignaciones si el mecanismo encargado de convertirlas en realidades no consigue ejecutarlas?
El problema tampoco se limita a los CODEDES. Educación había ejecutado apenas 25.5% de su inversión; Salud, 19.3%; Gobernación, 12.9%; Agricultura, 10.6%, y Comunicaciones, responsable de buena parte de la infraestructura nacional, apenas llegaba al 30.6%. Aquí aparece una paradoja: se necesita inversión pública, pero aumentar el presupuesto no resuelve por sí mismo la incapacidad para ejecutarla. Cada año se anuncia una cifra mayor mientras carreteras, hospitales y proyectos continúan esperando los procesos administrativos que deberían convertir millones en resultados visibles.
Frente a estos números aparece una excepción interesante: Defensa, con un incremento que merece explicación aparte. El Ministerio de la Defensa pasa de Q4,643 a Q6,375 millones, lo que representa el 37.3% de aumento. A finales de agosto había ejecutado 90.4% de su presupuesto de inversión y 62.9% de su presupuesto total. Por tanto, aquí la pregunta es diferente: ¿por qué se produce semejante aumento? Porque una expansión de esta magnitud exige una explicación pública mucho más precisa. ¿Equipamiento? ¿Movilidad? ¿Infraestructura? ¿Vigilancia fronteriza? ¿Inteligencia? ¿Operaciones contra el narcotráfico? Y esta última posibilidad merece atención por el contexto de la relación con Estados Unidos. Washington ha insistido históricamente en la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen transnacional, y un incremento de 37% abre legítimamente la pregunta de si existen nuevos compromisos de cooperación en seguridad, control territorial o lucha antinarcóticos detrás de la misma. Y si existen deberían de explicarse.
Hay otro aspecto que hace más difícil justificar esta expansión: la deuda pública. El servicio de la deuda pasa de Q21,368.7 a Q24,601.1 millones, un aumento alrededor del 15%. El proyecto contempla, además, un déficit presupuestario de Q48,300 millones, frente a Q38,299 millones en 2026, y una fuerte utilización del financiamiento interno.
En definitiva, el problema no es endeudarse cuando los recursos financian inversión productiva capaz de generar beneficios durante años, pero si cuando se comprometen ingresos futuros mientras una parte importante de la inversión permanece sin ejecutar.
La deuda de hoy será pagada por las próximas generaciones, mientras vivimos panchamente el presente.