Entre enero y noviembre de 2021 el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) gastó Q4.8 millardos, eso equivale a un promedio de Q450 millones mensuales. Pero diciembre superó la cifra con 1.5 millardos, la mayoría de pagos fueron por obras de arrastre, sin que alguien de esa dependencia otorgue más detalles.

Según los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del ministerio de Finanzas Públicas, en diciembre de 2021, la Dirección General de Caminos, entidad adscrita al CIV, gastó Q716 millones; la Unidad de Conservación Vial (Covial), Q550 millones; la unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Q95 millones; el Fondo Social de Solidaridad, Q44 millones y el Fondo para la Vivienda (Fopavi) Q66 millones.

Ante estas cifras, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citaron al ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, para que rindiera detalles sobre los gastos efectuados durante diciembre, aunque el funcionario no se presentó a la cita en el Congreso el pasado miércoles, pues se excusó de tener reuniones programadas con anticipación.

Orlando Blanco, diputado de la UNE:

«Esto con intención de beneficiar a una entidad que sirve para el pago de facturas políticas y para fomentar la corrupción durante el último mes. Solo a Covial le trasladaron 2 mil 113 millones en un año, mientras los guatemaltecos estaban de fiesta, estos aprovecharon para servirse con cuchara grande de los recursos del estado de una manera abusiva».

El ministerio de Comunicaciones es la institución más señalada por casos de corrupción.

Blanco refiere que los pagos efectuados en diciembre fueron por obras de arrastre de proyectos efectuados de 2017 a 2019 e incluso por anticipos de obras que no se han ejecutado.

El presupuesto del CIV en 2021 fue de Q6 mil 777 millones 380 mil y hasta noviembre pasado tenían el 70 por ciento de ejecución, posteriormente en diciembre aparecen con el 90 por ciento ejecutado.

Esta no es la primera vez que el MICIVI es señalado por irregularidades en el gasto y sus autoridades son señaladas de adjudicar contratos millonarios a sus propias empresas o amigos. En octubre de 2020, el Ministerio Público (MP) inició las investigaciones para determinar el destino de Q135 millones que desaparecieron de la Dirección General de Caminos.

Antes de regresar al Congreso como diputado, Edmundo Lemus, exministro de Comunicaciones, adjudicó 25 contratos millonarios, varios de estos a sus allegados. En seis meses de su administración durante el actual gobierno, Covial y Caminos desembolsaron Q273 millones para atender de forma urgente la red vial.

El exdiputado, Armando Escribá, quien permanece bajo arresto domiciliario,  enfrenta proceso por adjudicar Q194.3 millones a empresas vinculadas a él cuando fungía como director de Covial, durante los gobiernos de la UNE y el Partido Patriota (PP).

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, dice que es común que cada fin de año, las instituciones hagan un gasto desmedido para cumplir con la ejecución del presupuesto. Esto es más marcado en los  ministerios de Economía, Salud, Cultura y Deportes y Educación, sin embargo, en el caso de Comunicaciones es más evidente por los gastos exagerados que se podrían prestar a casos de corrupción.

«Esto lo hemos visto en los últimos 30 años y no se corrige, más bien hay una tendencia  a que cada vez el fenómeno sea peor, el ministerio se volvió no la caja chica sino la caja millonaria, no solo para pago de campaña pasada sino de una vez para la campaña del que será el próximo presidente».

Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN), asegura que la obra gris es multianual y siempre existirán pagos que pasarán de un ejercicio fiscal al otro.

«Es normal que existan pagos de arrastre que se iniciaron en años anteriores, otro elemento que hay que entender es que lamentablemente no hay planificación y  siempre se modifican los plazos y los montos de las obras. El  98 por ciento de los contratos en el CIV se modifican en tiempo y en monto aunque también se puede considerar como un abuso de estos imprevistos por la falta de planificación».

Flores refiere que las instituciones incrementan la ejecución del presupuesto para no sufrir recortes e incluso se adjudican fondos a proyectos que no han iniciado.