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En Guatemala hay 42 mil agentes de Policía Nacional Civil (PNC), pero el 50% están designados a actividades operativas, administrativas, protección a personalidades, edificios públicos o están de vacaciones o de baja. 

Según el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), los guatemaltecos cuentan con  24 agentes de Policía Nacional Civil por cada 10 mil habitantes. El ministerio de Gobernación reporta que en la zona 21 están designados unos 215 policías, a quienes los vecinos nunca ven. El número es poco mayor de los agentes designados para cuidar a unos 30 diputados. 

Hace dos meses las escuelas y guarderías funcionan de manera irregular en la colonia Nimajuyú de esta zona: los alumnos regresaron a clases virtuales debido a la inseguridad y a los ataques a negocios de parte de las pandillas. La señora Romelia, una comerciante de 48 años y vecina del lugar, retiró los rótulos que anunciaban la venta de alimentos en su casa pues su entorno es afectado por las extorsiones: 

“Están amenazando escuelas, guarderías, todo. Por amenazas pidieron que no llegaran niños a las escuelas porque ellos no respondían de lo que pudiera ocurrir. Temíamos -porque ellas cerraron- una guardería de monjas y por estas intimidaciones cerraron”.

Y ¿qué pasa con la policía?: la policía llega cuando las cosas han pasado, pero que la seguridad esté pendiente de uno… no.

La vecina se refiere al cierre de la guardería Hermanas de María del Arzobispado de Guatemala. Una persona de esta entidad, quien declinó hablar al micrófono, confirmó que el centro no está funcionando regularmente debido a la delincuencia. Doña Romelia se enteró de que hay diputados que acaparan policías para que los cuiden y les dice: “Que no sean ingratos, que no solo ellos necesitan seguridad. Nosotros necesitamos más, porque ellos tienen un buen sueldo, viajan en carro y, en cambio, uno sale a pie, debemos estar en la parada esperando bus. No es justo”.

ElPeriódico Investiga publicó que 43 diputados tienen asignados a 154 policías para su custodia: 29 diputados de los bloques VAMOS, UNE y CABAL suman 107 agentes. Solo ellos ocupan la mitad de los guardias asignados a la zona 21, que suma 80 mil habitantes, según el censo 2018.

Los diputados del bloque CABAL, Luis Aguirre, Julio Portillo, Julio César López Escobar, Jairo Orellana, Kevyn Escobar y Guillermo Ralda cuentan con 21 policías, igual número que los asignados a San Vicente Pacaya, Escuintla, con una población de casi 17 mil habitantes. Los vecinos de este municipio señalan que a veces solo hay 4 o 5 policías, pues al considerarlo un lugar tranquilo, la fuerza policial es reasignada en Palín. Ante la ausencia, San Vicente Pacaya ha debido instaurar sus propias juntas de seguridad ciudadana.

Juntas de Seguridad: seguridad en manos de vecinos ante ausencia del Estado

El ministerio de Gobernación asegura que los policías se retirarán a los diputados y serán reasignados a unidades de protección ciudadana. Ayer, los diputados del bloque CABAL se quedaron sin los 21 agentes. Comunicación Social del Gobernación afirmó que el análisis para retirar a los elementos duró 2 meses. El diputado Luis Aguirre, jefe de bloque de CABAL respondió: “Eso no fue de análisis, fue una decisión política y está bien, si van a poner a los agentes a trabajar enhorabuena; pero el ministro de Gobernación llegó ayer al Congreso con más de 30 agentes”.

ConCriterio preguntó a comunicación social del Gobernación cuántos agentes de seguridad cuidan al ministro Francisco Jiménez y la respuesta fue que por seguridad, el número no puede ser revelado por disposición de ley. 

El jefe de bloque de CABAL explicó que sufrió dos atentados en julio y diciembre del 2023 y los atribuye a motivos políticos. En uno de estos fue herido de bala en el torso; y en otro, las balas impactaron a su acompañante quien sobrevivió. Asegura que no apelará la decisión del Gobernación pues cuenta con seguridad privada, no obstante:

Fue por análisis de riesgo. En el caso de Julio Portillo también tuvo atentados. En cuanto a Jairo Orellana, el suegro fue quien lo metió a la política y lo mataron y ahí hay un atentado directo a la familia. Si le buscamos lado a esto, podemos justificar; pero ninguno en la bancada va a apelar esa decisión.

Comunicación Social de Gobernación señala que los gobiernos anteriores no revisaron las asignaciones policiales a instituciones, empleados públicos ni particulares. Y explican que revisarán órdenes de jueces nacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para determinar si estas siguen vigentes.