Es Miguel Martínez, el tigre de Cotzumalguapa, a quien se adivina detrás de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche cuando ripostan con una sangronada a la denuncia del Procurador General de la Nación por la compra de las vacunas rusas Sputnik. Tratan de derivar hacia la antigua Comisión Presidencial contra el Covid una sospecha que recae sobre el muchacho proveniente de Santa Lucía, devenido empresario, de prosperidad instantánea, por su ascendiente sobre el expresidente Alejandro Giammattei.

Es también a Miguel a quien se atisba detrás de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de prohibir, por primera vez en la historia, que el Presidente de la República pudiera sustituir al presidente del Banco de los Trabajadores.

El actual presidente, Jorge Mondal, es un cuadro de Miguel. Y el hijo del señor Mondal, gerente de la Portuaria Quetzal en tiempos de Miguel y de Giamamtei, también lo es.

El banco de los Trabajadores elige en junio a nuevos integrantes de la junta directiva. El cargo del señor Mondal no entra en juego, pero las posiciones de los demás directivos, no adeptos a Miguel Martínez y sus intereses, sí lo están. Con directivos concertados con él,  Miguel podría cobrar el control de ese banco.

Por eso, es a Miguel Martínez igualmente a quien se intuye detrás de la denuncia presentada por una sindicalista de Salud contra la mayoría de directivos de ese banco para impedir que puedan volver a presentarse a la reelección de sus cargos. A Miguel se le relaciona con mucho dinero para inyectar al sistema financiero nacional de manera prudente y segura. La denuncia de la sindicalista contra los directivos es operada por la Fiscalía contra la Corrupción y el coordinador de los fiscales regionales ejerce por estos días una presión constante sobre el juzgado de la juez Secaida para hacerla avanzar. La juez, sin embargo, es reputada como una mujer de derecho.

La Corte de Constitucionalidad, por si esa denuncia no prosperara, cuenta ya con dos acciones de inconstitucionalidad que podrían eventualmente suspender la validez de reglamentos del Banco y así abrir las puertas a la elección de directivos a accionistas cuyos títulos hoy se encuentran en litigio. El BanTrab ha sido a lo largo de mucho tiempo, pasto de la voracidad de camarillas que en cada gobierno tratan de hacerse con él.

Sobre todas estas acciones resplandece la imagen de Miguel Martínez.

Sin embargo, esa luz suya empieza a disminuir cuando tres intendentes de la Superintendencia de Bancos presentan al mismo tiempo sus renuncias y alegan todos razones personales para abandonar el cargo.

Saulo de León, el superintendente a quien se atribuye subalternidad a Miguel Martínez, es en realidad el objetivo a eliminar. Por de pronto, se han ido tres de sus cuadros más cercanos, pero al nuevo Intendente de Verificación Especial se le sigue viendo como uno más de sus vasallos.

Solo una Superintendencia de Bancos fuerte y con manejo cuidadoso de sus controles cruzados sobre la banca nacional puede impedir que un banco del sistema sea utilizado de forma inescrupulosa para lavar el dinero de la corrupción.

Solo una intendencia de verificación especial apegada a sus funciones puede dar cuenta cabal de los manejos de fondos de quienes, allegados al poder político, obtienen riqueza súbita.

Miguel libra, por tanto, más de una batalla al mismo tiempo. Y la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público bien pueden someterse a sus designios, pero difícilmente lograron blindarlo en todos los flancos.