Escuche la nota aquí: 

Hace tan solo un mes, Silvia García, Fiscal Regional de Coordinación Nacional, externó su gratitud a Consuelo Porras, Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), por permitirle trabajar a su lado:

“Lo que más le agradezco a Dios, es trabajar en su equipo. Hemos visto a una mujer llena de fortaleza y sabiduría y que la ha puesto aquí; el señor no se equivoca, él tiene planes concretos para cada uno y sabía que usted iba a dar el todo por todo por el Ministerio Público… admiramos su trabajo”.

Licenciada Silvia García, Fiscal Regional de Coordinación Nacional, manifiesta que la Dra. Porras es una mujer llena de fortaleza y sabiduría la cual ha transmitida al Ministerio Público. pic.twitter.com/GmpFwJSRJd

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 8, 2024

Aquellas palabras no persuadieron a Porras, como para sacar de la lista de trabajadores destituidos la semana pasada a García. En una nueva ola de despidos como ha ocurrido en esta gestión Consuelo Porras, prescindió de al menos 55 trabajadores: 30 fueron despedidos el jueves pasado y 25 el viernes, según trabajadores de la institución. Aunque Juan Luis Pantaleón, vocero de la institución señala: 

«No son 55, son 32 personas y no solo son destituciones, son traslados también enfocado al fortalecimiento del MP. De hecho desde que la Fiscal General asumió el cargo ha realizado 5 mil 969 nombramientos y 1 mil 861 ascensos. 

El caso de la Fiscal Regional de Coordinación Nacional, es uno de los que más llama la atención de funcionarios y exfuncionarios del MP. En enero de 2022, Silvia García fue designada por Porras, para sustituirla en caso de su ausencia. García tenía 16 años de laborar en el MP, y entre otros cargos estuvo de apoyo en la Fiscalía Liquidadora.

 Entre quienes  fueron separados de sus cargos:

•       Casimiro Hernández, Fiscal de Distrito de Quiché
•       Victor Manuel Boror, Fiscal de Huehuetenango
•       Claudia Quijivix, fiscal adjunto de la fiscalía de Mixco
•       Salvador Guzmán, fiscal de sección de Mixco.

Pantaleón asegura que estos cargos, son designados por confianza y no por carrera judicial: La ley es clara en ese sentido – Ley Orgánica, Reglamento Interior de Trabajo y Pacto Colectivo- , establecen que son personal de libre nombramiento y remoción y esto da la facultad que la Fiscal General tome las decisiones pertinentes.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, lamenta desde el exilio:

“Consuelo Porras, sigue demostrando que está retando lo que dispone la Constitución en materia laboral, lo que establece la Ley Orgánica del MP, en cuanto a la carrera judicial, la ha destruido completamente. Quienes trabajan en el Estado y su ingreso es por oposición, su destitución está supeditada al seguimiento de un proceso administrativo, en donde puedan ejercer derechos tan elementales como la defensa y el debido proceso, lo cual carecen actualmente; Consuelo Porras ha utilizado la institución como una empresa personal, sin que tenga sanciones”.

En septiembre 2023 el MP terminó la relación laboral con 7 fiscales de sección y distrito; en noviembre del mismo año fueron destituidos fiscales  como Lázaro Pirir, que conocían casos de alto impacto en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de Quetzaltenango y Gerson Alegría, de la fiscalía contra la narcoactividad.

Samari Gómez, es una exfiscal de la FECI, que trabajó por 12 años en el MP, hasta que la administración de Consuelo Porras, la envió a la cárcel, cree que como le ha ocurrido a muchos de sus colegas que están en el exilio o en prisión, las destituciones tienen una lectura que interpreta así:

Son personas que muy probablemente no se han prestado a llevar las investigaciones de la manera en la que se están haciendo en este momento en que la institución ha perdido mucha credibilidad, en cómo se están dando las salidas a los expedientes y que no se están agotando las investigaciones y que solo se está cumpliendo con una estadística. Son personas con criterios distintos a la actual administración y eso les está pasando factura.

En la reciente presentación del informe a la cual no tuvo acceso la prensa, Porras destacó que durante su gestión el 99% de los casos fueron resueltos. Pero los fiscales aseguran que hay una orden para desestimar cuantos más casos se puedan. En ese evento Ángel Pineda, secretario general, dijo que Porras, cuenta con el respaldo de 12 mil trabajadores. Pero por estos días se cuestiona cómo los sindicados del MP, permiten que se vulneren los derechos de quienes están siendo cesados de sus funciones, sin los procedimientos adecuados.

Eduardo Pantaleón, exfiscal anticorrupción absuelto recientemente de cargos en el caso Libramiento de Chimaltenango, ha recibido la noticia de que el MP, impugnará la resolución que lo libera. Él cree que las destituciones solo buscan llenar espacios con personas de confianza, ante la salida de Porras en 2026: Tuve la oportunidad de conocer a muchos profesionales en el MP y muchos han perdido elegibilidades para optar a los cargos; sin embargo, se les da la oportunidad a quienes no tienen carrera fiscal.

Este fiscal fue quien en una audiencia en los juzgados dijo que, en la administración de Consuelo Porras, no se puede investigar corrupción de los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales. Está prohibido.