El 2021 inicia con buenas noticias para exfuncionarios procesados por corrupción. La puerta de los buenos deseos sea abre en la Sala Segunda de apelaciones donde como actos de magia, las condenas se diluyen y desaparecen los delitos.

el pasado jueves descargó los delitos de lavado de dinero y la asociación ilícita a Pedro Muadi, expresidente del Congreso, y así redujo 22 años su condena.

En este caso hay una particularidad: Claudia María Bolaños, exsecretaria de Muadi, fue sentenciada a 17 años de cárcel, una condena que se mantiene. Firme. Es incongruente,  dice el fiscal Hugo González de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien señala que el expresidente del Congreso planeó y ejecutó el saqueo de fondos:

Llama la atención, una persona que tenía un rango menor dentro de un grupo de personas, obtendría una condena mayor; por lo tanto el recurso de casación para que la unidad que corresponda tratará de revertir este fallo y que se consigne el que realmente corresponde en derecho.

Juana Solís Rosales, presidenta de la Sala Sexta del de lo Contencioso Administrativo, cree que todo radica las pruebas pues dan las herramientas a los jueces para fallar:

 “El derecho penal tiene las características que es personalísimo y por mucho de que haya un grupo involucrado, cada uno tiene su propia participación y el fiscal tiene la responsabilidad de demostrar el grado de participación y si no lo logra hacer, para los jueces es bien difícil, porque al resolver uno tienen que estar acorde a las normas establecidas para que la sentencia tenga sustento y no las boten”.

Los investigadores sostienen que Muadi, como presidente del Congreso entre 2013-14, contrató a unos 23 trabajadores a quienes les cobraba un porcentaje de su salario. El dinero paró en cuentas del excongresista. Su secretaria reconoció que ella hacía las gestiones y aunque solicitó al tribunal séptimo modificar los delitos hoy eliminados a Muadi, los jueces no accedieron:

“Les pido que consideren la alternativa por el caso especial de estafa”.

Ximena Toriello, exasistente de Muadi, también aseguró que Muadi ordenaba que firmaran cheques para pagar el salario de empleados, pero ignoraba los delitos. Uno de los empleados contratados por Muadi, y condenado a 11 años dijo que aunque era agente de seguridad del Congreso, hacía de mensajero y además paseaba al perro del exdiputado:

“Ese día yo cambié los cheques, no lo niego, pero si ese dinero hubiera sido para mí ¿por qué no los cambié cerca del pueblo donde vivo?”

La fiscalía insiste que Muadi articuló el robo y no hay razón para una condena menor que sus empleados. El investigador:

Sorprende un poco porque al momento en que se dictó sentencia había muchos elementos para considerar los tres delitos, pero una sala anula dos de ellos. La fiscalía demostró que un grupo de personas se concertó y se demostró a través de trazabilidad financiera cómo se movió el dinero que se obtuvo a través de un ilícito.

ConCriterio llamó y escribió a Juan Guevara, abogado de Muadi, pero no respondió. Independiente del caso, la jueza Solís reflexiona: hay jueces que se exceden en las condenas.

Yo siempre he sido critica de cómo es que resuelven algunos juzgadores, es ilógico que estén emitiendo sentencias por miles de años cuando la expectativa de vida no supera los 100. Es un engaño, ya que el ordenamiento jurídico nos dice que las penas no deben de superar los 50 años.

El sistema de justicia ha trabajado en reformas que privilegien la libertad por la cárcel, pero la discusión en el Congreso no avanza.

Nota del editor 01-02-2021: en esta nota por error se citó a la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo por error, referencia a  la Sala Segunda de Apelaciones, que fue la que conoció el caso de Pedro Muadi.