Hoy 21 de noviembre, Javier Alfonso de León Gómez, de 26 años, debiera estar junto a sus compañeros en su graduación de licenciatura en Física Aplicada de la Universidad de San Carlos (USAC). En su lugar, De León Gómez debe presentarse ante el juez Víctor Manuel Cruz, para responder a la acusación del Ministerio Púbico (MP) por los delitos de depredación de bienes culturales y asociación ilícita en el marco de la toma de la USAC.

Junto a otros cuatro, profesionales y docentes, ya han guardado prisión cinco noches. El caso fue presentado por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y apunta a 27 personas de participar o apoyar, incluso a través de mensajes en la red social de Twitter, la ocupación de la universidad estatal, en protesta contra la elección del actual rector. La acusación incluye a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, por el Movimiento Semilla.

Es el último proceso judicial en la saga que Consuelo Porras, Fiscal General, ha emprendido contra el partido político desde que, en un sorpresivo resultado, su binomio pasó a segunda vuelta electoral. En principio, fue la cancelación de la agrupación política, procesados bajo la ley de criminalidad organizada por dudosos señalamientos de irregularidades en la constitución del partido; luego, vinieron las acciones contra los resultados electorales, bajo la tesis que la suma de votos fue alterada y Semilla no merece la elección.

El último caso incluye 27 capturas y 31 allanamientos. El MP ha recibido un aluvión de comunicados de cámaras empresariales, organizaciones académicas, asociaciones civiles, entre otras, que rechazan esa acción. 

“¿Cuándo estar presente en una conferencia de prensa es sinónimo de depredación de bienes culturales? Para vincular a una persona debe haber una auditoría física por parte del Ministerio Público, no bastan fotografías de botes de basura, maleza y pintura que se cae para determinar los daños al edificio y menos un vídeo de personas reunidas en una conferencia de prensa” señala Juan Francisco Sandoval, antiguo jefe de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), ahora en el exilio. 

El Ministerio Público calcula que durante la toma que hicieron los estudiantes a la universidad estatal, en rechazo a la elección del Rector Walter Mazariegos, los daños a la infraestructura del campus ascendieron a los Q90 millones.  

No solo la opinión pública rechaza el caso del MP. En su propia investigación, el Ministerio Público (MP) solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) un peritaje lingüístico sobre declaraciones y mensajes del binomio presidencial Bernardo Arévalo y Karin Herrera, además de los diputados señalados. El informe de un perito especializado en lingüística concluye que las expresiones de los señalados nunca incitaron a estudiantes ni trabajadores a tomar la Usac.  

¿Cuáles son los caminos que quedan al MP con los reveses después de presentado el caso? Jose Gudiel Toledo Paz, defensor y litigante, ve cuesta arriba la marcha del proceso: “Las redes sociales, las notas de prensa, las noticias, eso no son pruebas, son pruebas si viene un testigo y las confrontan, y dicen si me consta que eso es cierto”. 

Para la opinión pública, el caso va más allá de una persecución política, se trata de un ataque hacia la libertad de expresión, así lo explica Astrid Lemus, exdecana de la facultad de derecho de la USAC. 

“El caso de la USAC se escapa ya del ámbito universitario porque ahora uno corre el riesgo, no es posible que ahora, por ser de oposición o mostrarse en desacuerdo abiertamente, pueda usted correr el riesgo de que monten un caso en su contra y lo metan preso”.