“Necesitamos sacar privados de libertad del Sistema Penitenciario, que está totalmente hacinado. Se establecieron 750 brazaletes para arrancar el programa y creo que lo más importante es que este es el inicio de este proyecto”.

Las palabras del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, se las llevó la lluvia y el aire de fin de año. La implementación del programa de brazaletes electrónicos, como medida para liberar a reclusos cuyo perfil amerita arresto domiciliario, no arrancó. Hace dos años fue aprobada en el Congreso la Ley de Control Telemático, pero el proyecto está congelado. En agosto de este año Degenhart pidió a los diputados aprobar un decreto para comprar los dispositivos mediante proceso de excepción, pero bajo la duda sobre el manejo de fondos, contuvo a los diputados.

En septiembre 2017 otra alternativa a la cárcel recibió dictamen favorable. Se trata de la iniciativa de ley de Aceptación de Cargos.

Es una forma abreviada de finalizar un proceso penal basada en el libre derecho de declaración del sindicado. Pueden declarar lo que deseen conveniente y confesar los hechos, explicó entonces Delia Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

La idea no avanza, en cambio sufre enmiendas que colocan el proyecto de ley en telón de duda. La semana pasada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a través de un comunicado expresó: «un instrumento, adecuado para fortalecer la justicia, podría convertirse en un mecanismo de impunidad»

Una nueva alternativa para sustituir la prisión preventiva se coloca sobre la mesa. Acá las propuestas de reformas a la legislación penal:

• Eliminar las excepciones de medida sustitutiva a ciertos delitos. Entre otros: quiebra fraudulenta, quiebra legal,  intermediación financiera y a quien violente una elección municipal o nacional.

• Eliminar la prórroga indefinida de prisión preventiva.

• Aplicación del criterio de oportunidad.

El catálogo de medidas sustitutivas a la cárcel incluye:

• o   Obligación de buena conducta.

• o   Prohibición de salir del país o la jurisdicción dictada por juez.

• o   Prohibición de acudir a determinadas reuniones o comunicarse con personas o víctimas.

• o   Una fianza proporcional al daño y

• o   Presentarse ante juez competente cuando se le indique.

El planteamiento llegará en año electoral, cuando los diputados estén enfocados en su campaña o proselitismo. El congresista Raúl Romero comenta:

 Deben de analizarse detenidamente para ver si se enmarcan dentro del fortalecimiento institucional y del sistema de justicia o se busca un resultado contrario. No podemos permitir los excesos jurídicos porque esto en podría llevar a cometer injusticias.

El diputado Carlos Fión, en tanto, cree que el rescate de las prisiones pasa por tema de presupuesto:

Hoy día tenemos 300 por ciento de ocupación y necesitaríamos Q 1mil millones para construir cárceles de máxima seguridad. Es un problema de presupuesto, el de control telemático no lo ha implementado porque no hay fondos.

Actualmente las cárceles del país albergan a 24 mil privados de libertad. El 45% de ellos bajo prisión preventiva, a la espera de un juicio que defina si son culpables o inocentes. El observatorio de justicia del Sistema de Justicia Penal calcula que el tiempo promedio de un proceso penal desde la captura hacia la sentencia es 918 días.