Las cifras de niñas embarazadas entre los 10 y 14 años en los últimos siete años son dramáticas: Salud Pública registró 30 mil 489 menores entre esas edades en estado de gestación. La legislación guatemalteca tipifica todos estos embarazos como violaciones sexuales que deben ser denunciados, investigados y juzgados. Las penas para los culpables van entre los 12 y 20 años de cárcel.

Este año el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), documentó 1 mil 768 de estos casos. Las autoridades del Ministerio Público no respondieron a una solicitud de entrevista para conocer sus datos.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) registra apenas a 164 menores de 14 años embarazadas con casos judicializados. Esta entidad coordina el programa VIDA el cual entrega subsidios a estas niñas.

El programa entrega aportes Q4 mil anuales a los tutores de las menores embarazadas. Este año para estos aportes el MIDES cuenta con un presupuesto de Q1.3 millones y se ha ejecutado 63%.

Mirna Montenegro, directora del OSAR:

El programa no da respuesta a las necesidades de las niñas y los datos no muestran la realidad cuando vemos que cada año se inscriben 2 mil 400 partos de niñas menores de 14 años. Y para que puedan optar a la ayuda tienen que llenar los requisitos: que el caso esté judicializado, que no tenga pareja y cuesta llenar los datos, más cuando la mayoría están en los lugares más alejados: Huehuetenango, Alta Verapaz y San Marcos.

Este reportero solicitó al MIDES una entrevista con el funcionario encargado del programa VIDA para que explicara el funcionamiento, pero al cierre de la nota no hubo respuestas.

Entre otros requisitos para ingresar al programa es que las niñas reciban medidas de protección de un juez y Montenegro, señala que la falta de estas, solo evidencia que los procesos judiciales no avanzan.

“El sistema de justicia tiene una deuda con las niñas. El MP a veces saca sentencias de 2011 o 2013, yo no se si una niña que fue víctima a los 12 años quiere saber a los 20 que el caso llegó a sentencia, porque ni siquiera hay reparación”.

Lucrecia Prera, coordinadora del área de protección judicial de la Procuraduría General de la Nación, señala que como institución siguen denuncias derivadas de la institución para proveer medidas de protección a las niñas. Solo en ciertos casos se constituyen con querellantes en los procesos penales. Hoy institución acompaña 1 mil 828 denuncias de embarazos en niñas fuera del proceso penal:

Cuando tenemos conocimiento de estas niñas embarazadas, inmediatamente iniciamos con el proceso de protección, derivado de esto solicitamos que se certifique lo conducente al MP para que sean ellos que realicen la investigación penal ya que podríamos hablar de abusos sexuales.

En 7 años, los reportes dan cuenta de que hubo 160 mamás con apenas 10 años.  ConCriterio, solicitó al MP los datos de procesos judiciales en casos de niñas embarazadas menores de entre 10 y 14 años y sentencias emitidas por los juzgados en estos casos, pero al cierre de la nota no respondieron.