Niñas maltratadas en Cayalá: discrepancias entre el MP y PGN  por cerrar o continuar el caso
La Procuraduría General de la Nación (PGN) se opone a cerrar el caso de las niñas maltratadas en Ciudad Cayalá y que fueron objeto de noticia después de que un ciudadano registró el vídeo y lo hizo viral. La PGN no cree oportuno que se otorguen medidas desjudicializadoras a los tres guardias involucrados, como lo previó solicitar el Ministerio Público (MP) pues las niñas no han sido localizadas.
Publicado el 01 Abr 2022

Niñas maltratadas en Cayalá: discrepancias entre el MP y PGN  por cerrar o continuar el caso

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se opone a cerrar el caso de las niñas maltratadas en Ciudad Cayalá y que fueron objeto de noticia después de que un ciudadano registró el vídeo y lo hizo viral. La PGN no cree oportuno que se otorguen medidas desjudicializadoras a los tres guardias involucrados, como lo previó solicitar el Ministerio Público (MP) pues las niñas no han sido localizadas.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se opone a cerrar el caso de las niñas maltratadas en Ciudad Cayalá y que fueron objeto de noticia después de que un ciudadano registró el vídeo y lo hizo viral. La PGN no cree oportuno que se otorguen medidas desjudicializadoras a los tres guardias involucrados, como lo previó solicitar el Ministerio Público (MP) pues las niñas no han sido localizadas.

El vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, informó que la capacitación obligatoria de los guardias señalados en una escuela para padres y la donación de Q6 mil para dos fundaciones que velan por la salud y derechos de la niñez no se han concretado y los señalados tampoco han sido ligados a proceso como se ha manifestado en medios de comunicación, al reconocer que “por error se publicó que se había solicitado ante un juzgado dichas medidas”. 

«Lo que se quiere decir es que ese es el criterio que podría tener la Fiscalía o la petición que podía realizar al momento de meter el expediente a control jurisdiccional, pero esto no ha sucedido y se dará más tiempo a la PGN para localizar a las menores».

Pantaleón sostiene que fue la PGN la que solicitó el cierre administrativo del caso por no contar con los testimonios de las niñas.

«El área de constataciones de la procuraduría presentó un informe escrito en el cual recomendaba el cierre administrado, dado que no había logrado localizar a las víctimas, también el abogado de la empresa de seguridad se apersonó a la fiscalía y solicitó una medida desjudicializadora pero se analiza el tema y no ha sometido ninguna petición ante un órgano jurisdiccional».

Liliana Guzmán, coordinadora del área de la niñez de la PGN, dice que una reparación de esta índole se tomaría como infundada y no se atenderán las verdaderas pretensiones y necesidades de los agraviados.

«Es importante hacer ver que con fecha 29 de marzo se recibió la solicitud de la fiscalía de Niñez y Adolescencia del MP para poder otorgar una medida desjudicializadora en favor de los presuntos victimarios por el posible maltrato contra de dos niñas que se observa en un video que circuló en redes sociales. La PGN fue enfática en manifestar que se considera muy prematura la aplicación de dicho criterio de oportunidad porque no se ha individualizado a los niños».

En su defensa la empresa de seguridad Cassesa, para la cual trabajan los señalados, emitió un comunicado en donde asegura que el video difundido en redes sociales capta el momento en que las dos menores fueron alcanzadas después de que sustrajeran el radio transmisor de uno de  los guardias de la empresa. Aunque recalcan que no están de acuerdo con la forma de actuar de la seguridad.

También señalan que las niñas son parte de un grupo de menores que son explotados por parte de una red de trata de personas que identificaron semanas atrás y que opera en la zona 16. Este grupo criminal, según la empresa, deja a los menores en ese sector para que pidan dinero por lo que la seguridad no permite que ingresen al comercial y la PGN ya tenía conocimiento de está problemática.

Los hechos ocurrieron en Ciudad Cayalá el pasado fin de semana.

Guzmán refiere que ante esta denuncia se han hecho recorridos en el área y también se interpuso una denuncia en el MP.

«Se dijo que había acarreamiento de niños para ser forzados a la mendicidad, la procuraduría realizó varias rondas para ubicar a los niños víctimas, pero no se ubicó a ninguno».

María Natividad Caba, defensora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, dice que es urgente determinar qué pasó con las dos niñas.

«Con esas medidas para los guardias no se estaría resolviendo la situación de fondo porque no se sabe del paradero de las niñas, sobre todo si se habla de una red de trata de personas que deja a los niños en el lugar para que pidan dinero».

Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, dice que  unas 20 mil niñas están en situación de trata de personas en Guatemala y muchos menores que están en las calles son obligados a pedir dinero en Centro Comerciales.

“Las niñas que fueron víctimas de maltrato en Cayalá no aparecen porque pueden estar asustadas o si son víctimas de una red de trata difícilmente las van a exponer. La pobreza está arrojando muchos niños a las calles y terminan siendo vulnerables para estas redes de trata”.

 

 

José Manuel Patzán