Las órdenes de alejamiento son las primeras medidas que otorga un juez para proteger a mujeres víctimas de violencia. El fin es evitar más violencia y prevenir femicidios. Pero en Guatemala, esas restricciones no son una garantía.
Un caso que según organizaciones y víctimas de agresión devela la ineficiencia de las medidas de protección y del sistema de justicia, es el del futbolista Marco Pappa, quien desde 2015 ha tenido que enfrentar a la justicia por denuncias de agresiones a sus parejas sentimentales y por consiguiente ha sido condenado dos veces por violencia contra la mujer pero no se detuvo su carrera como futbolista. Incluso, su abogado defensor Gustavo Juárez, asegura que Pappa nunca enfrentó medidas de alejamiento hacia sus parejas.
En uno de los procesos por el delito de violencia contra la mujer, la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio le redujo la sentencia de cinco años de prisión y lo condenó a 60 días de arresto por falta a las personas.
Entre enero y julio de 2022 el Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP) ha otorgado asesoría legal a 3 mil 147 hombres procesados por violencia contra la mujer. Un 80% de los procesados, según el IDPP, ha cometido las agresiones cuando consume alcohol. Todos reciben órdenes de alejamiento.
Hay otras cifras que revelan que el problema es grande. Entre el 8 de diciembre de 2021 al 7 de junio de 2022, el Ministerio Público (MP) recibió 12 mil 700 solicitudes de mujeres que piden seguridad y protección por agresión de sus parejas.
¿Se garantiza la seguridad de la mujer?
Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, entidad que ha conocido de cerca los casos de mujeres víctimas de violencia física y psicológica, dice que por lo general los agresores no respetan esas medidas y esto se debe al escaso personal de la Policía Nacional Civil que, por consiguiente, tienen un reacción tardía cuando son alertados por la víctima.
“Algunos respetan las medidas por temor a ir a prisión, pero la mayoría no lo cumple porque saben que la PNC se tarda en llegar, entonces empieza el acoso; llegan a somatar la puerta de la casa de la expareja; se quedan afuera viendo como entrar y cuando se percatan que la persona llamó a la PNC se van y cuando llega la Policía no se puede probar que incumplió las medidas de seguridad”.
Hernández, lamenta que en ocasiones ni en los tribunales se logra la justicia:
“No pasa nada si golpeas o agredes a una mujer porque la autoridad se queda sin actuar o el castigo que se aplica es demasiado bajo, a veces las autoridades toman medidas pasivas para tener más pruebas y un proceso seguro, pero entonces la actuación de protección cae en deficiencias”.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se registraron 231 muertes violentas de mujeres. En el mismo período de 2021 perecieron 180 de la misma forma, según datos del Observatorio de la Violencia Diálogos.
El problema según Paula Barrios, coordinadora general de la entidad Mujeres Transformando el Mundo, es que las mujeres prefieren no denunciar por vergüenza, amenazas o chantajes de sus parejas o porque creen que pueden controlar la situación.
Uno de estos casos es el de Luz María López Morales, investigadora de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del MP, cuyo cuerpo fue localizado en un tragante de la avenida Simeón Cañas el 22 de enero de 2021. El juicio contra su esposo Jorge Rafael Zea Mejía, señalado de cometer el crimen, se desarrolla ahora. Unos meses antes de su muerte, Luz María se quejó ante Ada Morales, su mamá, pero no hubo denuncia formal por temor a Zea Mejía.
«Nosotros no sabíamos nada, en el mes de diciembre me llamó y vino a la casa entre 10 y 11 de la noche, vino despeinada y con la nena, me dijo que ya no podía vivir con su esposo porque era muy celoso y mirá me dijo, él fue el que me quebró la mano no me caí, pero antes me dijo que se había caído y quebrado la mano».
En días anteriores, un video que circuló en redes sociales reveló el maltrato a una mujer en la colonia Villas Club El Dorado, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. En su denuncia la joven afirmó que fue golpeada cuando su pareja se percató de un mensaje que le envió a su teléfono un compañero de la universidad por cuestiones de tareas, debido a que su novio ahora prófugo, no le permitía hablar con hombres. La agresión ocurrió frente a la vivienda del agresor, por lo que transeúntes la rescataron. La PNC informó que la víctima no había querido denunciar a su pareja e incluso el día de la agresión una agente de la institución la convenció para que acudiera al MP.