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La semana pasada fue Joviel Acevedo y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que se tomaron las calles para protestar porque la actual administración no les da el mismo trato que los anteriores gobiernos; en un segundo acto: ayer fueron los integran el Sindicato de Salud, que advirtieron al Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra:
“Queremos darle el mensaje al señor Procurador, que se recuerde que en los departamentos también tienen delegaciones de la PGN y nuestros compañeros le van a hacer unas visitas, porque sí queremos demostrar que nuestra única intención es dialogar y preguntar ¿por qué esa saña de la PGN, contra la negociación y nuestro pacto colectivo”.
Personas de este sindicato fueron identificadas el 2 de mayo en el perímetro del hospital de Salamá, Baja Verapaz, cuando impidieron la fiscalización de la diputada Evelyn Morataya, presidenta de la Comisión de Salud, del Congreso. La congresista se refirió a este grupo así: “¡Vean el rostro de la corrupción, este es el rostro de la corrupción! Q89 millones manejan aquí y no lo quieren soltar”. Los trabajadores han impedido que Fernando Matías, tome posesión como director del hospital en sustitución de Nery Cabrera, destituido por presuntos actos de corrupción.
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En 2023 todo un país fue testigo de cómo las élites políticas y aún parte de las elites empresariales por medio del Ministerio Público y al menos un juez, intentaron impedir que el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, del Movimiento SEMILLA, tomaran posesión. Luego, junto a la Corte de Constitucionalidad, han limitado en sus funciones a los diputados oficialista. Hoy son los empleados sindicalizados de las instituciones que ven al gobierno de Bernardo Arévalo como enemigo cuando se toman acciones que lesionan sus intereses.
Luis Compá, subdirector de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y exintegrante de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad. “Básicamente es porque ellos han venido arrastrando una serie de privilegios que en este gobierno se están tratando de revisar. Al verse amenazado por estas acciones de transparencia y probidad, lógicamente van a manifestar su molestia y rechazo. Sí resulta preocupante la situación porque la población demanda lucha contra la corrupción, pero hay organizaciones que se resisten”.
Compá señala que estos grupos principalmente se benefician con plazas en las distintas instituciones:
Algunas personas son trabajadoras de Salud y tienen otro puesto en otra institución y lo manejan así: en un ministerio están bajo un reglón y en otra institución contratados bajo otro régimen. Y de igual manera se ha denunciado un negocio de contratos en Educación y Salud, y esto es lo que se está atacando, porque los recursos son del pueblo y no para determinados grupos, que quieren seguirse beneficiando.
Tiempo atrás, los trabajadores de salud incluso le recriminaron a la exministra Lucrecia Hernández Mack, quien falleció el año pasado y es fundadora del partido Semilla justamente por procurar limitar esos privilegios. También responsabilizan al procurador Saavedra. “Lo que nos está pasando hoy es una réplica de lo que hizo la exministra Lucrecia Hernández. Y les quiero contar quién es el PGN que está allá adentro: es el abogado que judicializó nuestro pacto colectivo”.
En efecto Saavedra fue quien en 2015 denunció ese pacto colectivo y responde: para mi es uno de los momentos más dignificantes en 19 años de carrera, para defender los intereses del Estado de Guatemala, por los abusos contenidos en ese pacto.
Ocho años después la demanda no prospera. “De verdad, es reflejo de que están tratando defenderse de lo que piensan que están cambiando las circunstancias en las que están operando”.
El abogado del Estado, cree que para empezar a corregir estas falencias debe pasar por hacer una debida aplicación de la ley del servicio civil; señala que el gobierno trabaja en el diseño de un plan de reforma del modelo.
Lo primero es que los funcionarios cumplan sin temor con lo que está establecido en la ley. Que no haya temor y que no se sientan comprometidos porque estos son aspectos que siempre se han negociado.
Y, Compá aporta: que toda la información sea pública. Esta acción puede verse sencilla, pero que fortalece la transparencia.
En marzo pasado el sindicato del Ministerio de Economía tomó las instalaciones de la Dirección de Atención al Consumidor y solicitó la destitución del viceministro Adrián Zapata, quien tuvo confrontación con estos trabajadores. Hace un mes los contratistas del Ministerio de Desarrollo, paralizaron las actividades en la entidad porque el ministro Abelardo Pinto decidió suspender algunos contratos y eso molestó a los trabajadores. Esto demuestra cómo el sistema desde arriba hacia abajo se resiste a los cambios y que los tratos y privilegios desaparezcan.