Desfogar prisiones por faltas menores y castigos más drásticos para otros delitos, especialmente para aspectos relacionados con la trata de personas (especialmente los referidos al uso de la tecnología y la informática), son algunas de las propuestas que hicieron entidades estatales y que ahora esperan la misma respuesta de la sociedad civil para promulgar un nuevo Código Penal. 

Miembros de la sociedad civil y profesionales del derecho han manifestado que el Código Penal que se promulgó en 1973 durante el conflicto armado interno  ya no responde a las necesidades actuales, por lo cual se hace una convocatoria relacionada con la iniciativa de ley 5494, la cual se discute desde hace tres años entre dependencias estatales.

Mediante una tercera llamada se pide la participación de abogados, asociaciones de jueces, magistrados, entidades gremiales, sociedad civil, trabajadores del sector privado y personas individuales para que socialicen las propuestas.

Gustavo García, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) dice que las reformas al Código Penal son necesarias, aunque el Congreso no debería ser quien las discuta, pues solo buscan favorecer algunos intereses al no modificar delitos relacionados a corrupción.

“También es necesario reformar los delitos informáticos debido a que no están actualizados. La legislación internacional puede servir de referencia para ser más drásticos y mandar un mensaje a la sociedad. Deben haber castigos más drásticos para quien no respete el patrimonio, el derecho a la propiedad. El Código Penal debe ser más explícito. La necesidad de actualizarlo es grande”.

Profesionales del derecho temen que se reforme el Código Penal y se disminuyan las penas por corrupción.

El artículo 194 del Código Penal refiere que será sancionado con prisión de uno a cuatro años y una multa deQ500 a Q3 mil quien facilite la entrada o salida de mujeres al país para que ejerzan la prostitución. Este es uno de los castigos que se ha propuesto reformar, con más años de cárcel y una multa más elevada, aunque aún se encuentra en discusión.

Castigar drásticamente las estafas virtuales y una medida sustitutiva para la tenencia y consumo de drogas es una de los aspectos también a reformar.

Andy Javalois, consultor de la fundación Mirna Mack, espera que se avance en los consensos para acoplar las propuestas y se logre crear un nuevo Código Penal, al considerar que es importante que se incorporen nuevos elementos en temas de seguridad y justicia para castigar la corrupción.

 “Se deberían de cambiar delitos por violar los derecho de autor, a la propiedad privada, que se readecuen los estándares respecto a los derechos humanos y que se readecúen las doctrinas modernas de derecho penal, solo aquí me refiero a los primeros cien artículos. Si no logramos generar esos cambios estamos fastidiados por donde se vea”.

Javalois dice que deben regularse los delitos informáticos, evitar la prisión para delitos menores y así  deshacinar las cárceles..

 “Que un juez no pierda el tiempo porque alguien se robó la limosna de una iglesia cuando tenemos delitos de corrupción y las personas salen impunes. Establecer el servicio comunitario a cambio de la prisión para faltas menores es una de los planteamientos que se hacen”.

 Javalois no ve viable que las reformas se discutan en el Congreso y considera que se debería de otorgar más participación en la discusión a las facultades de derecho de las universidades. 

Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, dice que analizan la iniciativa para enviar una nueva propuesta y les preocupa que se disminuyan los delitos de alto impacto en los cuales se ven involucrados políticos.

“Debemos estar atentos y no permitir el relajamiento de sanciones porque estamos en una época en la que se trata de favorecer a los criminales de cuello blanco”.

Ibarra refiere que la iniciativa presentada en 2017 no tiene ningún avance y no se concretará para este año.