Hay alarma en la iglesia católica: los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala temen el cierre de las nueve casas del migrante del país por la burocracia del gobierno. Solo la que se ubica en la zona 1 de la capital dio albergue a unos 16 mil 670 indocumentados en 2022. Un dato que duplicó índices prepandemia.
El dilema es que las reformas al reglamento migratorio aprobadas en 2019 y con vigencia desde enero 2020, alteran los nervios de los religiosos administradores de estos refugios. Señalan que, aunque la ley está vigente desde 2020, hasta ahora es más riguroso el funcionamiento de estos centros, sostenidos con donaciones. El punto en desacuerdo es en el segundo párrafo de incisos del artículo 101, que obliga a crear un expediente por cada migrante que albergan con:
- Documento de Identificación
- Datos biográficos y biométricos
- Estudio médico
- Estudio Psicológico
- Estudio económico y social
La unidad de servicios migratorios de la iglesia propondrá reformar dicho párrafo. Las autoridades del Instituto de Migración respondieron que, esta semana, el vicepresidente Guillermo Castillo sostendrá una reunión con integrantes de la iglesia para abordar el tema.
El padre Francisco Pellizzari, encargado de la casa del migrante en la zona 1:
Nosotros estamos de acuerdo en colaborar con el Gobierno en los estudios estadísticos. No hay ningún problema si es para que hayan intervenciones en el tema migratorio, pero de eso a entregar información sensible hay un largo trecho; entonces este es uno de los puntos más cuestionados.
El reglamento establece otras condiciones:
- Atención especializada: alimentación, educación y cuidado acorde a sus necesidades
- Acceso a la salud integral de la persona
- El mantenimiento de las condiciones higiénicas adecuadas
- Personal especializado en atención a niños, niñas y adolescentes migrantes, dicho extremo deberá ser demostrado documentalmente.
Foto: IGM. Casa del Migrante, zona 1.
En este punto Pellezzari objeta:
El servicio que se hace es digno, es familiar; pero no tenemos los estándares de un hotel, porque todo es gratuito.
Cada migrante pernocta al menos 1.5 días en estas casas y el costo se calcula en Q150 cada día por persona.
En los últimos tres años el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) documentó a unos 10 mil 699 migrantes en tránsito, algunos expulsados tras no completar los procedimientos. Pero hay una cifra gris y quizá es la más gruesa: cientos de personas –con mayor presencia venezolanos, cubanos y hondureños– cruzan a diario Guatemala y luego de 3 a 5 días desaparecen. Los datos oficiales deja ver que este flujo creció 164% entre 2020 y 2022.
El viernes último los obispos emitieron pronunciamiento y el cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango añadió:
La preocupación es que quieren tener un control total, quizá hasta quieren saber qué es lo que comen los migrantes. Se está violentando el derecho de la libre locomoción, que es un derecho humano. Indudablemente que cuando nosotros organizamos estas casas, nos hacemos responsables. Pero es como si pusieran en duda nuestra capacidad y piensan que estos centros se vuelven casas de ladrones.
Y monseñor Domingo Buezo, obispo de Sololá-Chimaltenango, encargado de los servicios migratorios de la Conferencia Episcopal externó una preocupación más:
Podría haber un vínculo entre este el control migratorio y persecución legal de personas o instituciones que acojan o favorezcan el tránsito y la permeancia de los migrantes. Eso podría poner en riesgo la permanencia del servicio de las casas del migrante.
De acuerdo con el Instituto de Migración, en 2022 se documentaron a 1 mil 950 venezolanos y 1 mil 144 cubanos, que representaron las mayores nacionalidades con el mayor tránsito ese año.