Entre los pendientes de fin de año de esta Legislatura está la elección de Relatores de la Oficina Nacional Contra la Tortura. En corridos del Congreso se escucha que hay grupos que presionan para imponer que los dos Relatores titulares y tres suplentes sean electos por los actuales congresistas, aunque hay desorden en la Comisión de Derechos Humanos y el tiempo los apremia. Algunos congresistas como Antonio Arenales Forno, de VALOR estiman que las nóminas finales pueden estar listas esta semana.
Apenas la semana pasada fue publicado el listado de los 19 de 36 aspirantes que cumplieron con lo establecido en la ley. Quienes más llaman la atención son:
- Mynor Moto, juez restituido la semana pasada, luego de que estuvo prófugo, señalado de corrupción en el caso Libramiento de Chimaltenango y en Comisiones Paralelas 2020. Es cercano Lesther Castellanos, actual presidente de la Oficina Contra la Tortura.
- Juan José Bolaños Mejía, abogado capturado por el caso comisiones paralelas, cuya orden fue revocada.
- Evelyn Patricia Morales Vidal, una abogada cercana a Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Es exesposa de Roberto López Villatoro, conocido como El Rey del Tenis.
Margarita Castillo, exdirectora del Sistema Penitenciario, opina:
El propósito de la Oficina se desvirtuó desde hace un buen tiempo. A lo que se dedicaron los comisionados fue a: subirse el salario, a generar mucha desconfianza sobre sus objetivos. Lo que encontramos también, son profesionales que están apoyando la criminalización de gente que ha hecho buen trabajo en las instituciones; como el caso de Virginia Laparra, ella estuvo trabajando de la mano con la CICIG y el abogado Castellanos la denuncia.
En el dictamen de presupuesto para 2024, esa oficina contará Q35 millones, como aporte institucional y extraordinario, Q2 millones más de lo que actualmente tiene. Castellanos, como presidente de la institución devenga mensualmente Q60 mil 625, que incluye un bono de Q10 mil por ejercer la presidencia y otro de Q15 mil por responsabilidad. El sueldo mensual de los cuatro relatores restantes es de Q50 mil 625.
Esta institución cuenta con 110 trabajadores y al año destina para salarios Q1.3 millones.
El llegar a esta oficina se percibe por los críticos como un retiro con un buen cheque. Además de los antes indicados, la lista de los 19 está llena de personajes que participaron a un cargo de elección popular y no lograron ganar la elección, como
- Sandra Lorena de León Teo, diputada de BIEN
- Jeniffer Gabriela Guerra Gálvez, congresista de la Unidad Nacional de la Esperanza.
El caso de esas dos diputadas es particular. El artículo 20 de la Ley de Prevención de la Tortura señala que no podrán ser electos diputado y quienes ejerzan un cargo en un partido político. Esto aplicaría también para
- Jhonathan Josué Mayorga Urrutia, fiscal de Elefante.
Arenales Forno dijo desconocer que dos diputadas estaban participando y el diputado Pedro Saloj, de URGN: sí están participando, pero hasta ahorita no tenemos ninguna terminología que nos digan que pueden participar. ¿y el artículo 20 de la ley? no hemos tenido ningún punto de vista.
La Comisión en sesión de esta semana deberá actualizar el cronograma y fijar fecha para que la sociedad civil emita sus objeciones por escrito contra alguno de los participantes.
La tabla de gradación para calificar a los profesionales quedó así:
- Experiencia profesional: 53 puntos
- Méritos académicos: 39 puntos
- Proyección humana: 8 puntos
- Méritos éticos: 0
Entre sus atribuciones, lo relatores deben examinar periódicamente el trato y las condiciones que reciben las personas privadas de libertad y hacer recomendaciones para garantizar la integridad de los detenidos, pero en los últimos años se ha denunciado que se ha politizado el trabajo de estos funcionarios en favor de presos con poder económico e influencias.