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Gabriella Citroni, presidenta del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias afirmó a ConCriterio que su oficina cuenta con pruebas y testimonios que vinculan a Consuelo Porras, Fiscal General, con 80 adopciones irregulares en 1982.
En entrevista con este medio, Citroni explicó que enviaron una carta al presidente Bernardo Arévalo para solicitar al Estado de Guatemala una investigación: “Se mencionan casos específicos que recibimos a través de testimonios directos. Si yo fuera el que lleva la investigación, los convocaría para que declaren”.
La Fiscal General, en su red social X, respondió que las acusaciones son falsas y políticamente instrumentalizadas. El señalamiento salió a luz justo cuando Porras se postula para una magistratura constitucional.
Mensaje al secretario general de la ONU y a la prensa nacional e internacional:
Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente,
las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra por parte de la señora… https://t.co/74nKTa7CM4— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) February 17, 2026
Citroni no especifica cuándo recibieron los testimonios, pero aseguró que el señalamiento a Porras tiene fundamento:
“Cuando recibimos esos informes, lo que nos exigen los métodos de trabajo de Naciones Unidas, es empezar averiguaciones. No somos un tribunal, no hacemos una investigación; sin embargo, no divulgamos antes de estar seguros de lo que recibimos y esto requiere su tiempo para determinar que la información es fehaciente y lo que emitimos es una carta de alegaciones al Gobierno”.
Las adopciones ocurrieron, según Naciones Unidas, entre enero y agosto de 1982, cuando la Fiscal General dirigió el hogar temporal Elisa Martínez, un orfanato a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), responsable de cerrar adopciones nacionales e internacionales.
Citroni indicó que el público conocerá más del señalamiento, en abril, cuando la carta enviada al gobierno sea pública: hay indicaciones que por lo menos sugieren que ella estuvo en una posición para tener conocimiento de esta práctica o haber participado. Se falsificaron los papeles de muchos niños. Y lo que se dice en el comunicado es un principio internacional: cuando alguien esté vinculado a algo tan grave, se supone que no debería estar o postularse a un cargo público.
Un informe del gobierno de Alvaro Colom indica que por ese hogar pasaron, entre 1974 y 1997, 734 menores sin registro, lo cual genera un vacío de qué sucedió en dicha institución.
Más allá del involucramiento de figuras públicas, Citroni resaltó el daño a las personas: hubo familias a quienes se les mintió sobre la muerte de sus hijos; niños y niñas indígenas crecieron en el extranjero sin conocer su identidad real; comunidades enteras con pérdida cultural.
Julio Saavedra, Procurador General de la Nación (PGN), presentó una denuncia el martes, aún desconoce el contenido de la carta, pero comentó: “todo apunta que va por ahí y de confirmarse algo así, es muy grave que tengamos a un funcionario involucrado en este tipo de hechos”.
Un informe de la CICIG de 2010, apuntó que para 2005, Guatemala era considerado uno de los países con más adopciones irregulares en el mundo. La CICIG incluso estableció que una adopción costaba entre US$30 mil y US$40 mil. Solo en el 2007 fueron dados en adopción internacional más de 5 mil niños, todas aprobadas por la PGN. Ese año fue creada la actual ley de adopciones que según Saavedra: “fue una respuesta para acabar con la penosa industria de adopciones”.
Naciones Unidas recomienda la creación de una oficina que atienda estos casos, facilite los reencuentros, coordine esfuerzos internacionales e incluya pruebas de ADN. El informe de CICIG señaló que en el pasado la demanda de niños y niñas en adopción en Guatemala llegó a 50 solicitantes por cada recién nacido saludable.