Martín Mejía es vocero de la alcaldía indígena del Valle de Palajunoj, Quetzaltenango. Desde hace 56 días también participa en la manifestación en contra del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que la municipalidad de ese departamento pretende implementar en esa localidad. Mejía, al igual que otros pobladores, dice que continuarán firmes en su postura y como protesta no permitirán que los camiones recolectores de basura pasen hacia el vertedero municipal, lo que ha llenado de basura las calles del casco urbano.

«Es culpa del alcalde municipal porque no tiene voluntad de resolver nuestra petición y por eso están sufriendo los vecinos del casco urbano. Ya no podemos vender un lote de 200 metros, no podemos compartir el terreno con nuestros hijos  porque se tienen que hacer más trámites».

Mejía se refiere al trámite obligatorio de licencias de construcción. Ayer,  junto con representantes de 10 comunidades del Valle del Palajunoj, se reunieron con el alcalde municipal Juan Fernando López, pero dicen no confiar en él y su honor se pone en juego después de que les pidió ocho días más para analizar su petición de dejar sin efecto el POT, además le reprochan que no quiso dirigirse a la multitud que estaba frente al edificio municipal para comunicarles lo que se había acordado, como lo prometió.

«Después de que salimos del salón, da la casualidad de que ya no puede atender por cuestiones de salud. Entonces, de esa manera, fuimos engañados como siempre lo ha hecho en las comunidades».

El POT contiene 160 artículos y los que debaten los pobladores son los que tienen que ver con licencias de construcción pues se les obligará a entrar en la base tributaria para pagar impuestos sobre inmuebles, dice Irma Citalán, consultora independiente en temas políticos y municipales que reside en Quetzaltenango.

«Las comunidades siempre han tenido derecho a la administración de sus tierras y no están dispuestos a que la comuna les regule las construcciones; por ejemplo, que les pida que dejen un área verde cuando construyan».

Los manifestantes impiden que los camiones recolectores de basura pasen al vertedero municipal.

Mientras tanto, en el área urbana la población permanece apática hacia este reglamento, dice Citalán: “No lo aceptan ni le ponen importancia, les aqueja más el tránsito y las calles en mal estado”.

Mientras los bloqueos impiden que los camiones recolectores de desechos pasen al vertedero municipal en el Valle del Palajunoj, en el área urbana la población exige a la comuna que recoja la basura de las viviendas, pues se han quejado que las calles se llenan de bolsas con desechos.

Controlar esta situación ha sido difícil, dice el gerente municipal, Amílcar Rivas, debido a que deben pagarle a una empresa privada para que recoja la basura y la procese en otros sitios, consciente que hay días cuando los desechos rebasan la capacidad de los camiones recolectores que a diario trasladan 260 toneladas de basura.

Rivas, explica que el POT no se puede suspender ya que no todos los artículos afectan a los comunitarios, especialmente lo que tienen que ver con la conservación del centro histórico.

«Está en la zona 1, no en el Valle del Palajunoj, no les afecta en nada. Por  eso se les preguntó a ellos ¿en qué momento les afecta  el Plan de Ordenamiento Territorial? Ya le plantearon una inconstitucionalidad y la declararon sin lugar».

Otros artículos son de suma importancia, dice Rivas, pues permiten mantener los fondos de la comuna.

«Para dar un servicio primero se tienen que escribir en catastro y se evalúa si tienen licencia de construcción. Como funcionarios públicos estamos obligados a  que se generen ingresos a las arcas municipales».

Amanda Moran, urbanista del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), explica que aunque pareciera más factible un ordenamiento territorial en áreas rurales, es más difícil pues manejan las construcciones a su conveniencia y los propietarios de fincas no ceden a las normativas municipales. Especialmente si tienen poder político.