Poco ha avanzado el expediente de una masacre cuyo único testigo, hasta el momento, asegura que ocurrió el 21 de mayo de 1988 en Chiul, Cunén, Quiché. La denuncia que dió vida a esta investigación fue presentada en 2018 por el único sobreviviente, Arnulfo Fernando Gómez Oxlaj, filósofo maya de 36 años, quien se presentó en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) para relatar su testimonio. 

Luis López, el auxiliar fiscal a cargo de esta investigación, dice que Oxlaj narró que cuando tenía siete años presenció cómo integrantes del Ejército de Guatemala secuestraron, torturaron y tiraron a 116 niños a un pozo lleno de agua y heces en su aldea.

Los hechos atroces en el relato, aún no han sido corroborados. Los cuerpos no se han ubicado, dice López:

“Al momento no tenemos las evidencias de las osamentas, lo cual ha frenado el proceso para judicializar el expediente. La anterior auxiliar fiscal que tenía el expediente hizo trabajo de campo. Sin embargo, en las dos ocasiones que hemos ido con la Fundación de Antropología Forense, no se ubicó ningún resto humano, por lo cual necesitaríamos nuevos puntos para ubicar las osamentas que él nos indicaba.”

Además, el fiscal ha tenido dificultad para ubicar cuándo ocurrieron los hechos: mientras Oxlaj afirma que tenía siete años cuando ocurrió la masacre, su fecha de nacimiento, el 19 de julio de 1985, indica que tenía apenas dos años y 10 meses cuando ocurrió el crimen.

López indicó que el MP posee 5 declaraciones testimoniales respecto a la masacre, pero que estas no poseen información específica de lo denunciado.

Mynor Melgar, encargado del equipo legal en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), explica que en los registros del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica y en los de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, no se encontró ningún hecho como el que Oxlaj describió. Aunque según Melgar esto no significa que la masacre no ocurrió. 

Oxlaj viajó a Guatemala desde Alemania, donde reside, para participar en un evento, organizado por un grupo de 7 organizaciones de derechos humanos y organización comunitaria, para conmemorar la masacre. Un día antes, el 20 de mayo, Oxlaj fue detenido por la Policía Nacional Civil de San Juan La Laguna, Sololá. 

Ese día Oxlaj declaró a los micrófonos de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), mientras se subía a la patrulla que lo trasladó al Centro Preventivo de Mazatenango, Suchitepéquez, que las acusaciones eran falsas:

“He dado una conferencia de prensa denunciando la masacre que me han hecho y ahora han reactivado sus fuerzas para callarme. (…) Es un arma de los enemigos, es un caso de criminalización contra el pueblo maya.”

Edwin Chávez, fiscal de Santiago Atitlán, Sololá, indicó que en 2014 una mujer extranjera denunció por agresión sexual a Oxlaj. Y Salvador Loarca, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos del mismo municipio, quien sigue el caso, explicó:

“Por la investigación preliminar que hemos hecho nosotros, la Fiscalía tiene una prueba anticipada y también tiene los exámenes forenses que se le hicieron a la presunta víctima en ese entonces. Basado en las pruebas es que el Juzgado de Santiago giró la orden de captura.”

Oxlaj aseguró a Loarca colaborar con la FGER, con el Comité de Unidad Campesina (CUC) y con otras organizaciones en pro de los derechos humanos, para esclarecer la verdad y dar a conocer esta masacre.

Aún no se conoce la fecha de primera declaración de Oxlaj, pero desde su detención, autoridades ancestrales y de la comunidad internacional, junto con organizaciones campesinas y de derechos humanos, han manifestado su solidaridad. 

En la experiencia de Melgar, la criminalización es una práctica común. Sólo en la ODHAG, se han visto al menos unos 200 casos de este tipo:

 “Hay toda una estrategia institucional por dañar la credibilidad de las personas que reclaman sus derechos formando expedientes penales para, de alguna manera, limitar su derecho a denunciar o para intimidarlos.”

ConCriterio contactó a Natalio Rivera, abogado defensor, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

*Esta nota fue modificada el 26 de mayo del 2021 a las 16:45. Originalmente, la publicación establecía que el Ministerio Público contaba con un solo testimonio.