El sistema público de salud enfrenta una crisis de anticonceptivos en Guatemala. Tras el vencimiento de un convenio internacional en 2024, siete de cada diez mujeres no tienen acceso a métodos de planificación familiar, mientras especialistas advierten un posible aumento de embarazos no planificados.
¿Qué le queda a la Fiscal General para salvarse de una persecución legal inminente?
La preocupación por los derechos humanos, tan vehemente en las redes sociales y en manifiestos diversos, parece tener un límite muy concreto: el bolsillo propio.
Las élites se ven incapaces de atraer el favor de la mayoría hacia su modelo de país y de gobierno. Sólo les queda esforzarse por contener el cambio.
Y si el jefe del Estado reconoce públicamente que su información proviene del mismo ecosistema de rumores que alimenta las redes sociales, la pregunta resulta inevitable: ¿qué nos queda al resto de mortales?
