-Mi nombre es Virginia Laparra, mi defensa solicitó una revisión de medida de coerción para que me dejen salir de la cárcel, y los magistrados han dicho que no.

-Mi nombre es Claudia González, me detuvieron el 28 de agosto, en el allanamiento el personal me indicó que están buscando documentos de CICIG, supongo que es por mi trabajo en esa comisión.

– Mi nombre es Andrea Reyes, soy abogada y notaria, abogada del partido semilla, tengo 33 años: son casos absurdos, por toda la dogmática jurídica detrás, en el caso de Virginia, que había logrado de salir de uno, entra otro, y son casos en donde se percibe tortura por parte del Estado y desprecio para ellas que han dado la lucha en el sistema de justica. Es una especie de escarmiento para quienes alzaron la voz en su momento.

Tres mujeres enfrentaron en 2023 los embates de la justicia desde distintas posiciones; otras desde distinto ángulo, y funcionarias judiciales fueron ejecutoras de esas actuaciones. Son las paladinas y villanas de la justicia.

Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, cumplió la semana pasada un año de haber sido condena a 4 años de prisión, por abuso de autoridad en forma continuada por denunciar al entonces juez Lesther Castellanos. Aunque Laparra, fue beneficiada con arresto domiciliario, de inmediato el MP, inició otro proceso por supuesta revelación de información confidencial, lo que impide la liberación de la exfiscal que por 16 años laboró en el MP.

Virginia Laparra, Claudia González y Andrea Reyes

Claudia González, debió pasar dos meses aislada en una prisión, por un caso de supuesto abuso de autoridad en que la denunciante es la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, por supuestos procedimientos anómalos en un caso de corrupción en que Stalling fue acusada. González señala de espuria la denuncia: “el tipo de abuso de autoridad es muy específico para funcionario y nosotros cuando fuimos mandatarios, al ser querellantes no podíamos ser funcionarios, éramos mandatarios de una organización internacional”. González, fue abogada de Laparra y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI y otros exiliados.

Ayer Estados Unidos incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a dos mujeres, a quienes se percibe como villanas de la justicia. Una fue Silvia Valdés, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que estuvo un periodo extraordinario en el cargo por retraso en la renovación de cortes. Valdés fue parte de intento de golpe de estado al igual que Leonor Morales, fiscal de la FECI, que reveló las intenciones de anular las elecciones mediante un caso judicial al Movimiento Semilla: “Son nulas de pleno derecho para las elecciones generales de presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República, listado nacional, diputados al Congreso de la República por Distrito Electoral, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano”.

La diputada electa y abogada de Semilla, Andrea Reyes, fue otro caso visible de lucha y defensa de la democracia. Una de sus recientes batallas contra el sistema fue cuando se capturó a Marcela Blanco, excandidata del Movimiento:

“El caso fue un golpe duro que se le intentó dar al partido por una postura que es la defensa de la autonomía universitaria, sobre todo porque ataca a las mujeres que alzan la voz y a los jóvenes que buscan una participación política”.

Reyes, luchó por la institucionalidad de Semilla y el respeto de sus 23 diputaciones y la del binomio presidencial. Hoy la tensión bajó:

“Siento mucha paz en estos días…pero tampoco con la guardia abajo, porque no se van a quedar tranquilos”.

La balanza de la dama de la justicia está inclinada opina Eddie Cux, director de Acción Ciudadana.

“No podemos hablar de justicia independiente, muchos administran justicia de forma ética, pero también hay algunos que empeñan todo ese trabajo y emiten resoluciones que benefician al crimen organizado, o influyen políticamente y juegan a la judicatura”.

Este año el sistema de justicia cerró casos de quienes años atrás fueron señalados de corrupción. La abogada González, guarda esperanza: “yo sé que esto va a pasar, son temporadas nada más”. 

Los empresarios que gestaron el “financiamiento no reportado” quedan liberados