El capitulo Guatemala de los Pandora Papers, dirigido por el medio digital Plaza Pública, hace hoy una entrega de esos 12 millones de documentos confidenciales que ponen al descubierto secretos financieros de 14 bufetes de abogados especializados en la creación de sociedades y offshore en paraísos fiscales. El caso que presenta hoy este medio está relacionado con Jonathan Chevéz, abogado señalado de manejar para el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, las empresas en las que fueron depositados los fondos captados por comisiones ilícitas por la compra de granos, fertilizantes, y la adjudicación para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores Quetzal.

Las sociedades descubiertas en los Pepeles de Pandora tienen registros en Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas e involucran a 30 jefes de estados activos y en retiro; artistas, deportistas y empresarios, entre otros líderes mundiales. Las revelaciones son dirigidas por el Consorcio Internacional de Periodistas que involucra a 280 periodistas en el mundo.

Francisco Rodríguez, editor de Plaza Pública, hace una anotación importante:

Lo tenemos muy claro, una offshore no implica un delito, solo es un mecanismo y depende del uso que le den las personas.  Se trata de no meterlos todos en un mismo canasto y hacer las diferenciaciones: haremos una primera publicación en personas que sí han tenido una acusación e insistimos mucho: los Pandora Papers no reflejan la comisión de un delito.

Rodrigo Quevedo, abogado especializado en derecho corporativo, hace referencia a las entidades controladoras –holding-:

Ha sido satanizada esa figura,  cuando se filtran estos documentos en donde un grupo corporativo aparece con una entidad controladora, la opinión pública presume que esa figura la están haciendo para evadir impuestos, pero lo que hay que entender es que es inviable tener una holding local por el tema de que se repite el  impuesto de la renta sobre la repartición de dividendos, entonces lo hace fiscalmente ineficiente y repetitivo de pagos, entonces no toda offshore que aparezca ahí si constituye una holding de entidades locales, no está evadiendo impuestos. Obviamente otra cosa es si tienen un jate, aviones, jet que no tienen nada que ver con una entidad controladora.

Pero los documentos, apuntan también a ocultamiento y fuga de capitales, negocios dudosos y conflictos de interés. Uno de estos es el caso del presidente chileno, Sebastián Piñera, sobre la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

En diciembre de 2010, la familia Piñera vendió el negocio con documentos en Chile por US$14 millones y otra en las islas Vírgenes por US$138 millones.

El proyecto debía pagarse en tres pagos, pero el último dependía de que el gobierno de Piñera no estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas y en efecto el presidente no promovió la protección ambiental y el negoció se terminó de pagar.

En el caso del mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, los documentos muestran su vinculación con dos sociedades en Panamá, creadas antes de asumir el cargo y usadas para gestionar activos en el país.

La investigación apunta a que las acciones de estas sociedades eran inicialmente “al portador”, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías.

Los documentos exponen a más de 300 políticos con offshore, de más de 90 países:

• 92% corresponden a Latinoamérica
• 90% Europa
• 68% Asia
• 49% África
• 37% Medio Oriente

Los actuales presidentes de Latinoamérica que figuran en los Pandora Papers: Guillermo Lasso, de Ecuador; Sebastián Piñera, de Chile; y Luis Abinader, de República Dominicana.