El Presidente que las élites del país querrían es aquel que, arremangándose la camisa y convocando a los mejores cuadros técnicos del mundo mundial, definiera antes de cuatro semanas el plan para garantizar la operación eficaz de los puertos guatemaltecos. Acuerdos legales primero para impedir la paralización de una sola de las terminales. Dragados e infraestructura luego, a un año plazo a más tardar, para mejorar el ingreso de buques. Nuevo sistema de administración para dotar de grúas y capacidad de carga y descarga. Por último, planes de ampliación y mejora constante de la infraestructura portuaria para duplicar la capacidad de los puertos a cinco años plazo.

Pero la elite, que hoy somata la mesa y exige al gobierno resolver la crisis portuaria, ha estado muy en paz con el orden de depredación y robo en esos puertos a lo largo de las últimas tres décadas. Los señores del gran poder se enteraron de los sobornos por US$30 millones para montar la Terminal de Contenedores Quetzal en tiempos del Partido Patriota y guardaron augusto silencio. Han visto a los puertos convertidos en botín de sindicalistas y diputados y han preferido callar cómodamente. Se han enterado de que cada administración de gobierno favorece a uno de sus allegados para montar nuevas rampas de revisión y se han hecho los desentendidos. Saben que las grúas son parte del botín del tesoro nacional y no emiten ni un suspiro.

Peor aún, cuando se levantó una cruzada para poner límite a esa voracidad contra los bienes públicos, ni siquiera le sugirieron al gobierno del momento que actuara en consecuencia y abatiera el régimen de depredación en los puertos.  A la cruzada contra la corrupción la socavaron primero, la combatieron después y más tarde celebraron su derrota y elogiaron a sus verdugos.

No habrá infraestructura portuaria a salvo de la codicia de los corruptos hasta que la sociedad entera exija que las instituciones funcionen y un gobierno se atreva a arrebatársela a quienes la usurpan.

Tampoco habrá carreteras sin desplomarse con las primeras lluvias, ni rutas ampliadas a cuatro o a seis carriles, como demanda el tráfico de frontera a frontera y de oceáno a oceáno, hasta que el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones deje de prohijar millonarios súbitos.

Todos sabemos que el Ministerio Público trabaja para garantizar la impunidad de los corruptos. Eso abona a la futura corrupción.

Todos sabemos que Consuelo Porras ha convertido a la institución en una pistola a la orden de quienes más le roban al país, pero se le defiende.

Todos vemos a un diputado como Alan Rodríguez, convertido en magnate que viaja en helicóptero hacia sus tierras, sin que la Contraloría, mucho menos una Fiscalía, le pregunte el origen de su riqueza inexplicable por medios lícitos y, sin embargo, todo se calla.

La inmensa mayoría prefiere el silencio porque le resulta incómodo hablar de sus vergüenzas.

A quien no debería inspirarle pudor hablar del sistema construido para favorecer la riqueza fácil de unos pocos es al presidente Bernardo Arévalo. Al mismo a quien le reclaman que lo resuelva todo en un semestre.

El sistema republicano y el Estado de derecho en Guatemala están desvirtuados. El Ministerio Público es un ariete a favor de los corruptos. El sistema de justicia sirve para proteger los intereses más espurios. La Corte de Constitucionalidad corona ese sistema.

Es contradictorio querer infraestructura y que los puertos y las carreteras funcionen bien si al mismo tiempo se apaña y se premia con impunidad a los corruptos.