El Ministerio Público (MP) inquirió a la alcaldía de Playa Grande Ixcán, Quiché, información sobre las manifestaciones que las organizaciones indígenas iniciaron el 2 de octubre en el kilómetro 512, Franja Transversal del Norte, en donde se demandó la renuncia de Consuelo Porras, Fiscal General.

Aarón Quej, fiscal en aquel municipio, afirma en la carta de solicitud que las protestas en aquel lugar fueron organizadas por Efraín Mendoza, Leocadio Gómez, Prudencio Ramírez Pablo y Lesly Chocooj.

ConCriterio llamó al fiscal quien explicó: la solicitud se requirió con base a un informe policial de la subestación 5152 de Ixcán, la auxiliar de la Oficina de Atención Permanente (OAP) le asignó un expediente y me lo asignó a mí. Ella lo tipificó como manifestaciones ilícitas.

El fiscal señaló que además de la prevención de la Policía existe una segunda denuncia de un vecino que acusó a los manifestantes por no permitir su paso hacia el hospital local; aunque esta persona no fue identificada.  Quej aseguró que la solicitud de información es un trámite y que el caso será desestimando:

Es más como un requisito para archivar el caso, siempre se debe realizar alguna diligencia para desestimar.

Las autoridades indígenas, en cambio, ven estas acciones y la insistencia de desalojarlos del frente de la sede del MP, en Gerona, como un pulso. Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinca. (609) “Es claro que nos quieren intimidar con sus acciones. Insisten en criminalizar y estamos conscientes de que ellos son especialistas en fabricar casos”.  

Rosalina Tuyuc, exdiputada y activista en derechos humanos: Es una acción tendenciosa, que tiende a buscar el pelo en la sopa para criminalizar la protestas que es un derecho que nos da la Constitución.

La exdiputada resaltó: aquí no hay solo un líder sino miles que se levantaron, porque la democracia sigue siendo un tema que está en peligro debido a la violación flagrante que el MP ha hecho. Son patadas de ahogado para buscar una razón para mantener el control contra el pueblo de Guatemala. Tendrían que perseguir a todos, pero no nos vamos a dejar: cuando toquen a uno, a 10 o a 100, están tocando a todos.

Las manifestaciones contra Consuelo Porras cumplen 45 días y en este tiempo se unió un país a rechazar sus acciones. El miércoles, en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), autoridades del ministerio de Gobernación insistieron a las autoridades indígenas en liberar la calle frente al MP.  La reunión terminó sin acuerdos, más bien:

“Se les hizo ver que: nos quitamos de ahí, pero se vuelven a tomar las calles”.

El pulso puede ser de baja intensidad, pero de acuerdo con los manifestantes en cualquier momento, el MP pueden marcarle intensidad. Las organizaciones han seguido la vía legal para solicitar la renuncia de Consuelo Porras y para ello han presentado amparos ante la Corte de Constitucionalidad, que buscan la eliminación de frases de la ley orgánica del MP, que permitan la sustitución de la Fiscal General. Esta semana participaron en una vista pública y Édgar Tul, de la alcaldía de Sololá, expuso:

“No es posible que haya una Fiscal General, que ha atentado contra la voluntad del pueblo y contra los poderes del Estado, y sigue sin tener un mecanismo para su destitución, ante su mal actuar y parcialización de la justicia”.