Hay sociedades, movimientos, personas y gobiernos que parecen incapaces de sobrevivir sin un enemigo. Necesitan un rostro al cual culpar, una figura sobre la cual descargar frustraciones, justificar fracasos o cohesionar artificialmente a sus seguidores. El adversario no es accidental, sino indispensable para sostener la narrativa.

Durante los primeros años del actual gobierno, ese papel lo ocupó la fiscal general, Consuelo Porras. Se le atribuyó prácticamente toda limitación gubernamental, como si el Ejecutivo careciera de capacidad propia para gobernar mientras ella permaneciera en el cargo. La explicación era cómoda: si algo no funcionaba, la culpa era de un enemigo perfectamente identificable.

Terminado ese ciclo, la necesidad de encontrar un nuevo antagonista continuó. Entonces apareció Roberto Molina Barreto, convertido ahora en símbolo de todos los males institucionales, y señalado de haber sido impuesto por la embajada de Estados Unidos.

Lo verdaderamente sorprendente no es la acusación en sí, sino quiénes la promueven. Los quejosos son los mismos que durante años celebraron, impulsaron y aplaudieron la abierta injerencia de anteriores embajadores norteamericanos en la política nacional. Las frecuentes reuniones de Todd Robinson con ONG, activistas y movimientos de izquierda eran presentadas entonces como ejercicios virtuosos de “acompañamiento democrático”. Lo mismo ocurrió con Patrick Ventrell y otros representantes diplomáticos cuya participación directa en la dinámica política interna jamás fue cuestionada por quienes hoy se escandalizan.

El problema, por tanto, no es la injerencia sino más bien quién la ejerce y a favor de quienes. Cuando beneficiaba a sus intereses ideológicos, era celebrada, ahora que perciben que ya no les favorece, se convierte en una amenaza intolerable. Es un ejercicio evidente de hipocresía, deshonestidad intelectual y ausencia absoluta de principios.

Nineteen Eighty-Four (1984) dejó plasmada con claridad esa necesidad permanente de inventar enemigos. En la lógica totalitaria, el adversario es indispensable para justificar cualquier acción, abuso y fracaso. El enemigo permite evitar preguntas incómodas sobre la propia incompetencia.

No es casualidad que los regímenes populistas —y, con mayor intensidad, las dictaduras— vivan permanentemente buscando culpables externos. Siempre hay alguien responsable: la oligarquía, el imperialismo, los empresarios, los jueces, la prensa, los opositores o cualquier figura útil para sostener el relato. Lo importante no es resolver problemas, sino mantener viva la confrontación.

Sin embargo, la realidad termina imponiéndose. Cuando en casos recientes todos los magistrados de la CC votaron en el mismo sentido, como ocurrió con el amparo promovido por el alcalde de Antigua, o cuando incluso la magistrada designada por el propio presidente coincide con los demás magistrados en decisiones sensibles como la relacionada con Odebrecht, entonces sobreviene el silencio. Ya no conviene comentar demasiado esos episodios porque evidencian contradicciones difíciles de ocultar incluso para quienes repiten disciplinadamente la narrativa dominante.

Pero quizá lo más revelador es la necesidad psicológica que existe detrás de todo esto. Necesitan acuerparse, repetirse entre ellos las mismas consignas, repostear las mismas acusaciones y alimentar colectivamente el mismo discurso porque la soledad les resulta insoportable. En ella desaparece el ruido del grupo y aparece algo mucho más incómodo: la obligación de enfrentarse a sí mismos, y eso, probablemente, es lo único que realmente temen.

Al final, como en los ‘Dos Minutos de Odio’ de Orwell, lo importante no es la verdad ni la coherencia, sino mantener viva la emoción colectiva contra alguien.